La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura ordenó la formalización de la investigación preparatoria y un pedido de prisión preventiva contra los investigados por la presunta banda criminal del INPE, luego que fueron liberados por el Poder Judicial en la detención.
De acuerdo la carpeta fiscal N° 260606450-2023-60-0 los solicitados a la prisión preventiva son Fausto Pingo Zapata, Jenner Lazo Moreno, Segundo Montalván Maza, Fernando Temoche Arreátegui, Edgar Pariatón Garcés y Jorge Luis Santos Juape por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfi co agravado, en agravio del Estado.
Asimismo, se ha pedido Jenner Lazo, Segundo Montalván, Fernando Temoche y Jorge Santos Juape. Y con comparecencia con restricciones contra Faustino Pingo y Edgar Pariatón.
La Fiscalía ha solicitado que se emita información sobre las propiedades muebles e inmuebles que figuran a nombre de los involucrados. Del mismo modo, se ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones de las líneas telefónicas con el objetivo de recabar información importante, que ayude a identificar a la cabeza de la presunta organización que estaría enquistada en el centro penitenciario de Piura.
Como se recuerda, la semana pasada, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura liberó a los presuntos integrantes de la red criminal del INPE. Los magistrados sustentaron su fallo en que el juez de investigación preliminar no tomó en cuenta los 79 actos de investigación y solo hace referencia a dos: la declaración del colaborador eficaz y el reconocimiento fotográfico de los coacusados.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones, integrada por los jueces Elvira Rentería Agurto, Laurence Chunga Hidalgo y Francisco Fernández Reforme, también dispuso que el juez revise el expediente y emita una nueva resolución.
Como se recuerda, la Fiscalía y la Policía habían señalado a altos funcionarios y trabajadores del INPE como presuntos implicados en el cobro de cupos y venta de drogas y de celulares al interior del centro penitenciario, entre otros hechos aún en investigación.