Los familiares de los muertos y heridos durante protestas contra Dina Boluarte en Juliaca, tras reunirse con la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, solicitaron la celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables de la muerte de 18 personas y de los más de 200 heridos.
Pedro Samillan, hermano del médico Marco Antonio Samillan, quien murió tras recibir impacto de bala por la espalda, dijo que la autoridad escuchó el dolor que tienen por la perdida de un familiar, las necesidades que enfrentan y el pedido de justicia que imploran.
"La representante de la Defensoría del Pueblo se ha comprometido en canalizar nuestros pedidos y se ha comprometido en gestionar el apoyo psicológico para los parientes de las víctimas y heridos, así como facilitar o gestionar el apoyo económico para los afectados", agregó Pedro Samillan.
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"El informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado que en Juliaca hubo una masacre. Ellos (CIDH) informan y recomiendan, pero lamentablemente no sentencian. Dentro de las recomendaciones está que el proceso de investigación se realicen con total transparencia", expresó.
"Nosotros nos sentimos contentos con el informe de la CIDH porque nos respalda y nos da credibilidad a todo lo que ha pasado, no es como ellos (Gobierno de Dina Boluarte) hacen creer que somos terroristas. Nos han terruqueado, nos han tratado de vándalos. Ha habido un uso indiscriminado de armas letales", dijo Pedro Samillan al término de la reunión con la defensora del Pueblo.
A su turno, Eliana Revollar informó a La República que, tras la reunión con los parientes de los fallecidos y heridos, hay preocupación por la demora de las investigaciones. Ellos claman justicia oportuna y que los expedientes no se vayan a Lima.
Asimismo, aclaró que la carpeta fiscal N.° 23 sobre el caso de las muertes y heridos no se llevarán a la capital, ya que las declaraciones y demás diligencias se realizarán en Juliaca. "Los abogados no viajarán a Lima", puntualizó.
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Tanto los afectados y la Defensoría del Pueblo acogieron la preocupación de que durante las protestas contra Dina Boluarte hubo más heridos; sin embargo, por temor a las represalias de las instituciones del Estado no acudieron a un hospital, aunque ahora aparecen más víctimas. "Vamos a verificar caso por caso", puntualizó Revollar luego de reunirse con los representantes de la fiscalía en materia de derechos humanos que lleva el caso.
Por otro lado, se conoció que Irma Calla Sánchez, esposa del fallecido Manuel Quilla Ticona, ambos de Huancané, participó de la reunión entre la defensora del Pueblo y los afectados. Ella contó a la República que su esposo, el 10 de marzo, viajó a Lima para protestar junto a la delegación de la región de Puno y otras en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
Irma Calla Sánchez, esposa del fallecido Manuel Quilla Ticona. Foto: Kleber Sánchez/La República
"El 14 de marzo, cuando mi esposo se movilizaba por Campo Marte, cerca a un parque conocido como La Torta, un grupo de policías masacró a mi esposo. Lo llevaron a la Comisaria PNP de Petit Thouars, donde le pusieron grilletes, lo arrastraron y golpearon en la cabeza. El 15 de marzo, mi esposo perdió el conocimiento. Tuve que traérmelo a Juliaca", dijo. Añadió que, pese a que recibió atención médica, murió días después.
La viuda contó que fue observada en la lista de víctimas de las protestas contra el Gobierno de turno, por ello el pedido de apoyo a la Defensoría del Pueblo. Manuel Quilla dejó dos niños en la orfandad y existe el trauma en uno de ellos, precisó la agraviada.
José Silva Miranda es uno de los heridos de la protesta del 9 de febrero. A él le mutilaron parte de la mano derecha tras registrarse un enfrentamiento entre un grupo de personas y la Policía en inmediaciones de la avenida Independencia, colindante con el aeropuerto de Juliaca.
A José Silva Miranda le mutilaron parte de la mano derecha. Foto: Kleber Sánchez/La República
Él alegó que salió de una reunión familiar y ese día se topó con el enfrentamiento, al huir cayó y aparentemente fue alcanzado por un artefacto explosivo que le causó daño en la mano derecha. Fue auxiliado y llevado al hospital de Juliaca, donde le realizaron una amputación parcial.
Silva denunció que hubo una supuesta negligencia en hospital de Juliaca, puesto que no lo intervinieron adecuadamente: para colocar su prótesis necesitara que le retiren 6 centímetros más de la mano. "Es un trauma para mí volver a mutilar mi mano. Ahora peor, ya que no estoy observado en la lista de heridos para beneficio de apoyo económico", manifestó.