Tras la muerte de la enfermera de 32 años, como consecuencia de las agresiones sexual y física que sufrió en Puno, los deudos denunciaron que recibieron amenazas de parte de quienes serían familiares de los acusados del crimen. Temen por su integridad mientras continúan en la búsqueda de justicia para la mujer cuyo feminicidio deja tres menores en la orfandad.
Por su parte, el Colegio de Enfermeras del Perú, profesionales del sector salud y compañeros de trabajo de la víctima salieron a las calles para protestar y exigir la máxima sanción para los acusados Dino Álvarez Limahuay y Renato Quispe Ramos, quienes ya se encuentran recluidos en el penal la Capilla, de Juliaca, donde cumplen una prisión preventiva de nueve meses.