"¿Quién nos hará justicia si la fiscal es juez y parte?": hermana de interno de Medicina asesinado en Juliaca

La hermana de Marco Antonio Samillán, el interno de Medicina asesinado por la Policía en Juliaca, aún se pregunta quién les hará justicia a los deudos de muertos y heridos en la provincia de San Román (Puno) "si la fiscal es juez y parte" en la investigación que no tiene frutos tras dos meses de protestas en el país.

María Samillán aseguró para La República que ya pasó más de un mes desde la muerte de 18 civiles y aún no han sido citados por la Fiscalía. Añadió que no hay recolección de pruebas ni nada concreto. Les han dicho que solo tienen que esperar el proceso judicial.

Además, contó que a algunos heridos les dijeron que los iban a denunciar como terroristas y demás razones con el fin de amedrentarlos para que ellos no sigan un proceso por los hechos a pesar de que hay pruebas donde se ve que son abusados por las fuerzas del orden.

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"No tenemos confianza en la prensa nacional. Tenemos mucho recelo. Quisiéramos que se pongan de nuestro lado. Lo que nosotros decimos es verdad. El pedido de manifestantes también es sincero. Que haya transparencia de todos los medios de comunicación. Nos juzgan, no dañan psicológicamente, no podemos pasar la página y levantarnos. Al terruquearnos, tanto daño nos hacen. Ya nos han matado a tantas personas y nos siguen causando heridas", precisó María.

Con respecto a que si recibió algún tipo de ayuda del Estado, dijo que nadie del Gobierno se acercó para asistirlos o darles algún tipo de soporte. Este solo llegó de la población de Juliaca y muchas otras del Perú, con palabras buenas y acompañándolos con su presencia, ramos de flores y algunas donaciones de dinero. Ella agradeció todos esos gestos.

"Ningún Gobierno tiene derecho a arrebatarnos la vida de nadie. A los mayores violadores o delincuentes sí los protegen. No tienen derecho a mandar a personas a asesinarnos", señaló la hermana de Marco Antonio.

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Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador, consideró que, para apresar a manifestantes injustamente, sí hubo celeridad en los procesos. Por abuso de autoridad y homicidios ninguno está detenido. Y adviertió que a los responsables les incomoda y asusta que los deudos y heridos conformen asociaciones de defensa conjunta. "No es solo un dicho el que la unión hace la fuerza”, aseguró.

Indicó que los procesos no están avanzando al mismo nivel en todas las regiones y contó que en el caso de Juliaca es donde la investigación está más atrasada, ya que son varias instituciones inmiscuidas en el proceso.

La secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sabe de dos casos en Ayacucho y uno en Andahuaylas, donde hubo amedrentamiento para que la población víctima de represión no denuncie los hechos. Apuntó que esto fue por parte de civiles, no gente uniformada, pero por sus características físicas serían de formación policial.

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"Se deben encontrar las responsabilidades. Las instituciones deben contribuir con la administración de la justicia. Dina Boluarte pudo detener la masacre de Juliaca", agregó Dador.

“Mi hermano no ha sido ningún terrorista, ningún vándalo. Solo quería ayudar a un menor de edad y recibió un impacto de bala por la espalda y en el hospital murió por un paro cardiaco. Marco es el séptimo de nueve hermanos, somos huérfanos de madre. Cursaba su segunda carrera, Medicina humana, ya era biólogo. Recién cumplió 30 años y tenía mucho futuro como profesional. La vida para mi familia nunca será igual", aseguró María Samillán.

Finalmente, concluyó que quieren hallar justicia por medio de la asociación que han conformado con los demás deudos. Y agradeció a la iglesia Pueblo de Dios, con Luis Zambrano a la cabeza, por su ayuda y a todos los que hacen su trabajo por convicción y no por interés.