La tarde del martes último, el artista urbano Marko Franco Domenack Moreno, de 43 años, fue acribillado en el distrito de San Martín de Porres. Él había sido citado por un cliente para cerrar un contrato por la realización de un mural, pero cuando llegó al punto de encuentro fue interceptado por una mujer que descendió de una moto y le disparó nueve veces.
Pese al estado de emergencia que se viene extendiendo desde febrero, la ola de crímenes en Lima metropolitana no tiene fin. De los 606 asesinatos cometidos en lo que va del año, 500 fueron con armas de fuego y 320 por la modalidad de sicariato, según la División de Homicidios.
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Un día después de que fuera asesinado Domenack, un trabajador de la Municipalidad Provincial del Callao fue victimado en la puerta de la Gerencia de Mantenimiento de la comuna chalaca. Una cámara de seguridad registró el crimen de Omar Augusto Salas Paz.
En el Callao, solo en el primer semestre de este año se registraron 75 asesinatos por sicarios.
En línea con los reclamos de la ciudadanía, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, pidió evaluar la continuidad del estado de emergencia en Lima y Callao por los asesinatos, robos, asaltos y otros delitos agravados que se cometen a diario.
En lo que va del año, esta medida se ha prorrogado hasta en seis oportunidades, sin que se reflejen resultados eficaces contra la criminalidad.
“Vivimos en una ciudad que no soporta más que le maten a su gente. Pensar en una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, sin tener indicadores claros sobre su eficacia en estos días de vigencia, desnaturaliza la finalidad misma de un estado de excepción”, planteó Revollar.
Y agregó: “Frente a ello se hace indispensable evaluar la pertinencia de mantener esta medida en estas y otras zonas del país, ya que, de acuerdo a las cifras oficiales, no se estarían obteniendo los resultados esperados por la población”.
Para la PNP, la mayoría de los crímenes se cometen por las abiertas disputas entre las organizaciones delictivas, nacionales y extranjeras, vinculadas a la extorsión, trata y explotación sexual; tráfico de terrenos, cobro de cupos y tráfico de drogas.
Para los limeños, la violencia y la inseguridad se han convertido en flagelos intolerables.
El 14 de noviembre, Alfredo Pacheco Sierra, dueño de una empresa de taxis, fue asesinado a balazos en Comas. Antes de dispararle, uno de los sicarios se acercó y le dijo: ‘plántate, la mafia no perdona’.
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Ahora bien, si se comparan las cifras de crímenes del año 2021 y 2022, se advierte un incremento. El año pasado, en el primer semestre, un 19,7% de la población fue víctima de robos. Mientras que, en el mismo periodo de este año, la cifra subió a 25,3%, según el INEI.
El estado de emergencia fue adoptado en febrero con base en informes de la PNP sobre la necesidad de implementar acciones para mitigar el incremento de la delincuencia.
A mediados de mayo, la Defensoría solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros revaluar la efectividad de las medidas adoptadas para luchar contra la criminalidad organizada. No hubo respuesta.
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Según el Ministerio del Interior, la Policía ejecutó más de 800.000 operativos que permitieron la detención de 237.876 delincuentes comunes, así como la captura de 63.064 personas con requisitoria. Adicionalmente, se desbarataron 10.207 bandas delincuenciales y desarticularon 213 organizaciones criminales.
Ayer, la División de Homicidios detuvo en Ventanilla a ‘Piolín’, un menor de 13 años que tenía un fusil y una granada. Fue captado por la banda de sicarios ‘Los Gatos de Pachacútec’.
Eliana Revollar, defensora del Pueblo
“Pensar en una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao sin tener indicadores claros de su eficacia desnaturaliza la fi - nalidad de la misma y de un estado de excepción”.