Congreso tiene informe de Sodalicio 3 años en el archivo
Sin voluntad. Legislativo no agenda informe final de comisión que investigó abusos sexuales, físicos y psicológicos contra al menos 30 menores de edad. Caso está archivado y en la impunidad.
Por LR Data.
Desde hace tres años, el informe del Congreso que investigó el caso Sodalicio por abusos sexuales, físicos y psicológicos contra al menos 30 menores de edad permanece en el archivo y no ha sido puesto en agenda para su debate en el Pleno por falta de voluntad política, así lo advirtieron excongresistas que vieron el caso.
El portal de comisiones investigadoras del Congreso registra que el informe final de esta comisión, al que La República logró acceder por Transparencia, fue presentado el 23 de julio del 2019, pero está pendiente de agendar en el Pleno.
En marzo del 2017, el entonces congresista Alberto de Belaunde planteó la conformación de este grupo de trabajo para investigar los abusos en el Sodalicio, pero no prosperó pues los legisladores de Fuerza Popular así lo decidieron con sus votos: diez votaron a favor del archivamiento (todos fujimoristas), cinco en contra (tres de PPK y dos de Frente Amplio) y dos se abstuvieron (uno del Apra y uno de Acción Popular).
“Ante la negativa de Fuerza Popular se tuvo que negociar para investigar no solo el Sodalicio, sino todo caso de violencia sexual, psicológica y física en niñas, niños y adolescentes”, recordó Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y secretaria del grupo de trabajo. Con esa condición se creó la comisión el 7 de setiembre del 2017.
La comisión estuvo compuesta por Ana María Choquehuanca (Peruanos por el Kambio); Juan Yuyes, Gilmer Trujillo, Úrsula Letona (Fuerza Popular) y Tania Pariona (Nuevo Perú), que ingresó en reemplazo de quien fue ministra de la Mujer, Gloria Montenegro (APP).
Montenegro explica que, para sacar el informe del archivo, basta con que cualquier congresista formule el pedido.
“La comisión investigadora del Congreso invita a gente del Sodalicio y redacta un informe final. Este no se pone a debate en el Pleno en ese momento, y eso es lo que estamos solicitando ahora”, expresa José Enrique Escardó, periodista y sobreviviente del Sodalicio.
Él mismo apunta que la congresista del Partido Morado Susel Paredes pidió la remisión de este informe en abril último, pero no le fue entregado. Por ello, volvió a hacer este requerimiento el 3 de octubre al oficial mayor del Congreso, José Francisco Cevasco Piedra (ver documento).
“Si el Parlamento aprueba el informe con todo su contenido, esperamos que las personas o instituciones que tuvieron responsabilidad mínimamente sean sancionadas, y las personas agraviadas sean reparadas”, refiere la excongresista Tania Pariona.
En el informe sobre el caso Sodalicio, se detalla la estructura jerárquica dentro de la organización, que habría permitido que prevalezca una “cultura de impunidad” en la que “primó el secretismo”.
La comisión también considera que Luis Figari “habría transmitido una ideología propia de una organización sectaria”, ya que el Sodalicio reuniría todas las etapas para considerarse una secta: culto al fundador (por el trato y admiración de los sodálites hacia el número uno) y las fases en la modalidad de ingreso (atracción/seducción, captación, conversión y profundización de la doctrina).
Tania Pariona asevera que la importancia de este informe recae en que se evidencia la responsabilidad que el Estado tiene en estos hechos y que debe asumir. “El Legislativo, uno de los poderes del Estado, a partir de este resultado de la investigación, está en la capacidad de formular cambios en las normativas para sancionar a los culpables y hacer que estos hechos no queden impunes”, resaltó.
Se resisten a investigar abusos
Susel Paredes pidió que se desarchive el informe del caso Sodalicio, donde se evidencia la estructura de esa organización para cometer los abusos con impunidad.
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Ruta del informe que no quieren agendar
Pese a que hay un informe final sobre los abusos cometidos en el caso Sodalicio, el Congreso se hace el desentendido y no agenda el debate en el Pleno, desde julio del 2019.
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