Fundador del Sodalicio, Luis Figari, vende su lujosa residencia en Lima para no reparar a sus víctimas
Maniobras. Desde Roma, con el objetivo de no reparar a las decenas de sobrevivientes de la organización que fundó en Perú en 1971, el investigado en la Fiscalía por lesiones psicológicas graves, secuestro y ser parte de una organización criminal Luis Fernando Figari vendió su lujosa residencia en San Isidro, lugar donde perpetró abusos a más de una víctima.
Por Raiza Arroyo y Paola Ugaz
Mientras en Francia, la Conferencia Episcopal de Obispos decidió que la Iglesia indemnizara a las víctimas de abuso realizado por el clero, vendiendo sus propiedades o solicitando préstamos a los bancos, en Perú sucede al revés: La República descubrió que el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, vendió su casa, ubicada en pleno corazón de San Isidro, con el fin de no indemnizar a las decenas de víctimas de la organización católica.
En 1995, Luis Fernando Figari adquirió la vivienda de 551.68 metros cuadrados como parte de la sucesión paterna por el monto de 100 mil dólares. En mayo del 2016, Figari nombró como apoderado comercial a su primo hermano, José Miguel Raffo Rodrigo, conocido por sus amigos como “Colorado”.
Luego, Raffo Rodrigo, en representación de Figari, vende la casa por 400 mil dólares, a sí mismo; es decir, a la empresa de propiedad de Raffo Rodrigo, Tres Carabelas SAC. Esta operación inmobiliaria, que es de marzo del 2017, fue a espaldas del Vaticano y de los sobrevivientes que siguen a la espera de justicia.
Lo que llama la atención de esta operación es el bajo precio con el que vende la propiedad en el 2018, precio que quedó totalmente cancelado el 2019.
Luego Raffo Rodrigo le vende el 4 de octubre del 2018 la casa a Iniciativa Inmobiliaria SAC por 1 millón 190 mil dólares americanos. ¿Pagó Luis Fernando Figari los impuestos Agenzia delle Entrate Italia (Sunat de Italia) por la venta de esta propiedad? Es un misterio aún sin respuesta.
PUEDES VER: El Vaticano espera las explicaciones del Sodalicio con el fin de garantizar las reparaciones
La República le pidió una entrevista a José Miguel Raffo Rodrigo, pero hasta el cierre de la edición, no se ha recibido ninguna respuesta.
La lujosa casa familiar del fundador Luis Fernando Figari ubicada en La Pinta # 130, al lado del hermoso parque El Olivar en San Isidro, no fue construida encima de cementerio alguno y aun así fue considerada “la casa del terror” para los miembros del Sodalicio.
Allí Figari violentó sexualmente a más de un miembro del Sodalicio, a la par que abusó física y psicológicamente de muchos de ellos, a punta de cachetadas, patadas y lanzamiento de objetos porque para él, “el que obedece, nunca se equivoca”.
Sodalicio
“En la Iglesia hay procesos corruptivos muy graves que todavía no acabamos de solucionar, porque hay mil formas de esconder la corrupción en la Iglesia y justamente porque tenemos el rótulo de católicos y que no nos equivocamos, porque Dios no se equivoca, resulta que hay siempre la posibilidad de que alguien delinca con la cobertura de la Iglesia”, dijo, en la alocución de su misa del pasado domingo de adviento, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo.
“Como hemos visto en algunos casos, aquí se ha usado el acuerdo con el Estado para extraer dinero a manos llenas ensuciando la vida de la Iglesia”, explicó el Arzobispo de Lima al referirse al Concordato firmado entre el Estado peruano y el Vaticano para que las organizaciones católicas no paguen impuestos. Es la primera vez que una autoridad eclesiástica de Perú se pronuncia sobre el mal uso del Concordato de algunos miembros de la Iglesia católica.
PUEDES VER: Caso Sodalicio: el grupo religioso responsable del mayor escándalo de abusos sexuales en el Perú
Lazos políticos del Sodalicio
Los lazos del Sodalicio con políticos peruanos son de larga data: el expresidente Alan García estudió derecho con Luis Fernando Figari y lo visitó más de una vez en una de sus residencias en Camacho. Lo que no sabíamos hasta hoy es que la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano fue apoderada de Figari del 2011 hasta mediados del 2016, es decir, desde que Figari viajó a Roma huyendo de las denuncias que en ese entonces se hicieron dentro de la institución contra él y el número dos del Sodalicio, el fallecido German Doig Klinge.
La República entrevistó a Lourdes Flores Nano para hablar sobre su relación jurídica con Figari y confirmó su rol como apoderada del fundador del Sodalicio. “Efectivamente, a solicitud de una persona amiga vinculada a la Iglesia tuve un poder que podría ser usado en determinado momento. Nunca ejercí acto alguno de representación. Tampoco he conocido al señor Figari personalmente. Como quiera que nunca presté ningún servicio profesional, tampoco percibí honorario alguno”, declaró.
“Cuando se hicieron públicas las primeras denuncias -agregó la excandidata a la presidencia-, me comuniqué con la persona que me había solicitado esa intervención y le dije que renunciaría al poder. Por ello, produje la renuncia y se inscribió. Lo concreto es que no realicé ninguna actuación profesional ni de representación. El poder fue otorgado en Roma”.
Luis Figari
Sobre las denuncias contra el Sodalicio, Flores Nano dijo que le parecía muy importante que se realicen las investigaciones. “De lo que he leído también al interior del Sodalicio se han realizado acciones internas. Todo debe realizarse con respeto al debido proceso y sin ningún sesgo anticlerical”, expresó.
Tras la renuncia de Lourdes Flores Nano como apoderada de Figari en junio de 2016, asume como apoderado comercial el primo hermano de Figari, José Miguel Raffo Rodrigo. Este es dueño de la empresa Tres Carabelas SAC, quien por si no quedó claro ya, está a los dos lados del mostrador: como apoderado del vendedor y como el comprador al adquirir la casa de Figari por 400 mil dólares. Luego vendió la casa a Iniciativa Inmobiliaria SAC por 1 millón 190 mil dólares americanos.
PUEDES VER: Juan Carlos Cruz sobre Juan Luis Cipriani: “Era partícipe de la cultura del encubrimiento”
El séquito de Figari y cómo los convirtió en sus esclavos
Meses después de la aparición de las denuncias contra Figari, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) que depende del Vaticano ordenó en 2017 que no regrese a Perú, que no hable con la prensa y que sea mantenido hasta el fin de sus días por el Sodalicio.
Mientras Figari vive a costa del Sodalicio en Roma y está alejado de responder ante la justicia, Figari formó un séquito de jóvenes que lo atendió por más de 20 años y que hoy viven inmersos en un infierno emocional. Este grupo de jóvenes sufrió múltiples maltratos de parte del fundador del Sodalicio con la anuencia de la organización católica.
La República entrevistó a “Ramón”, “Kiko”, “Stefano” y “Roberto”, quienes nos relataron coincidentemente cómo era vivir con Figari en San Isidro, la casa de Santa Clara (en las afueras de Lima) y la casa ubicada en Camacho.
“No fue fácil para mí admitir que él no era una persona sana. Se idolatraba a sí mismo y se consideraba un gran líder y reformador de la Iglesia. Recuerdo haber estado haciendo abdominales y de pronto Figari se acercó y me pidió que me pusiera rígido y luego se paró sobre mi zona abdominal para verificar que estuviera sólida. Tuve que soportar con mucho temor sus más de 120 kilos”, señaló uno de los exmiembros del séquito de Figari.
La corte personal de jóvenes le cocinaban, lo ayudaban en el aseo personal, la toma de medicinas y le escribían sus textos. Uno de los exmiembros del séquito de Figari declaró a La República que Figari tenía una videoteca personal en la que tenía las grabaciones de menores de edad que acudían a la casa del terror de San Isidro en calidad de aspirantes del Sodalicio.
Tras la salida del sacerdote sodálite Alberto Gazzo de la institución religiosa, Figari entró en una depresión que causó que desarrolle miedo a contraer el sida, fobia al color rojo de la sangre y tener contacto con objetos punzocortantes.
Hasta hoy la cúpula del Sodalicio siguen sin reconocer la existencia de los jóvenes al servicio de Figari, por ejemplo, el dirigente Jaime Baertl Gómez ha señalado que él no ha tenido conocimiento de que el denunciado Figari haya tenido sirvientes.
Desde que se reveló en el 2015 todo lo que hizo el Sodalitium Christinae Vitae contra sus miembros en Mitad monjes, mitad soldados (Planeta, 2015), los sobrevivientes no han sido atendidos por el Estado, al tiempo que la justicia hace largas para investigar a Luis Fernando Figari y a miembros de la cofradía comercial del Sodalicio, que fue dirigida por los sacerdotes sodálites: el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, Jaime Baertl Gómez, Juan Carlos Len Álvarez y José Ambrozic Velezmoro. Han pasado seis años y la justicia aún brilla por su ausencia.
¿Maquillando las misiones de la Iglesia católica?
A través de las misiones, figuras jurídicas que dependen de la Iglesia católica, que son propietarias de los cementerios, el Sodalicio lucra a través de las actividades fúnebres bajo el amparo del Concordato, acuerdo firmado entre el Vaticano y el Estado peruano. Estas ganancias son las que le han permitido construir al SCV un imperio económico. De ahí que sodálites maquillaron todo para que el obispo de Lurín apruebe la formación de la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo.
La offshore San Ignacio, representada por el sacerdote Jaime Baertl Gómez, tenía como objeto beneficiar a un grupo selecto de personas (beneficiarios), consignados en un documento privado (reglamento), y realizar actividades comerciales; pero en el contrato de abril de 2000, suscrito por los sodálites Jaime Baertl y José Ambrozic, así como el adherente al SCV Raúl Guinea, se estableció que la offshore iba a participar con su patrimonio en la formalización de una obra eclesial toda vez que guardaba relación con sus fines fundacionales.
El 2 de agosto de 2000, la offshore varió su objeto, pero siguió manteniendo los mismos fines comerciales y dirigidos a beneficiar a un grupo selecto de personas cuya identidad se desconoce. El arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, que intervino en esta operación como presidente de la Asociación Civil San Juan Bautista y representante del Sodalicio, deberá aclarar si el obispo de Lurín sabía que la offshore que estaba participando en la operación tenía finalidades que no resultaban congruentes con los de la Iglesia católica y por qué no se tuvo que alterar información en los contratos, para aparentar que sí.
Sodalicio
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024