Un nuevo mandato de prisión preventiva por el plazo de nueve meses en otra investigación, por presunta corrupción en su gestión, se dictó para el preso gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa.
La decisión fue tomada por el juez Rubén Alejandro Yauri Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
El Ministerio Público, que investiga a Morillo Ulloa por colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Áncash, había solicitado 18 meses de prisión preventiva, pero el juez solo le concedió 9.
Similar medida alcanza a los exfuncionarios regionales Johnny Constantino Muñante Quispe, Juan Wilson Mendo Sánchez, Pedro Miguel Velezmoro Saénz y William Percy Rojas Vereau, y a la empresaria chimbotana Ninel Romero Bartusiak (extraneus). Todos están investigados también por colusión agravada.
En el caso de Romero Bartusiak, el juez impartió la orden de ubicación, captura e internamiento en el establecimiento penitenciario de Huaraz, donde Morillo Ulloa cumple prisión preventiva desde diciembre de 2020.
Por otro lado, dispuso comparecencia con restricciones, bajo reglas de conducta, contra el investigado Ángel Enrique Velásquez Abanto, además del pago de una caución de 3.000 soles.
A los imputados se les atribuye haber efectuado acciones fuera de la ley para favorecer a la empresa que ejecutó la IOARR del Hospital La Caleta de Chimbote.