Hay 5.129 pasivos de la minería que nadie quiere asumir

Por Roberth Orihuela Quequezana, para La República y CONNECTAS

El chuño (papa deshidratada) es la base de la alimentación y fuente de ingresos para los pueblos de Puno, región ubicada al sur del Perú. Pero hoy apenas cubren la producción para su consumo. Así lo explica Jesús Turpo, vicepresidente de la comunidad campesina de San Isidro en el distrito de San Antón y provincia de Azángaro, mientras se sienta en la tierra para ‘chacchar’ (masticar) la hoja de coca bajo el ardiente sol de la tarde serrana.

Se trata de un hombre de unos 50 años, alto y de piel cobriza. Explica que cada año la tierra da menos papa. Las plantas mueren o el tubérculo se pudre bajo la tierra, debido a que el agua con la que riegan, proveniente del río Ramis, está contaminada por pasivos y operaciones mineras que se ubican en la cabecera de la cuenca. “Solo nos han dejado un río muerto, sin peces ni ranas y sapos”, dice mientras se reúne con el resto de los comuneros para cosechar la papa en la ladera de un cerro. Y es que en esta comunidad aún se practica la ‘minka’, un modo de colaboración entre los comuneros para el crecimiento común, que proviene de los incas.

Así como San Isidro, cientos de comunidades del Perú mueren de a poco a consecuencia de los pasivos mineros —bocaminas, tierra y rocas removidas, pozas de relaves, desechos químicos, instalaciones y otros componentes— que dejaron empresas extractivas luego de explotar los recursos que contienen las montañas del Ande peruano. Estos residuos de la minería se activan en la época de lluvias, que cargan con los metales expuestos hacia las cuencas de los ríos, contaminando todo a su paso, desde el suelo y el agua, hasta la salud de las personas.

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (Minem), para 2022 la cantidad de pasivos detectados llegó a 7.668. Pero resulta que en el 92.64% de los casos las autoridades no lograron señalar al generador ni al responsable de remediarlas.

Se lavan las manos

El gran problema es que la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, promulgada en 2004, nació deforme. El primer texto contenía vacíos legales que permitieron a las empresas evadir su responsabilidad. Julio Mejía Tapia, experto en temas ambientales, explica que esta norma permitía que las empresas mineras renunciaran a sus derechos mineros para así evitar la recuperación de los pasivos. “El Estado asumirá progresivamente los pasivos ambientales en abandono de los titulares no identificados o de aquellos que cancelen su derecho a (de) concesión minera”, decía el artículo 5. Con el tiempo la norma ha mejorado, pero el daño ya estaba hecho.

Hoy el Gobierno peruano ha remediado 1.180 pasivos a través de su empresa estatal Activos Mineros SAC, creada para ese fin. Otro tanto (1.340) fue asumido por las empresas que, de alguna manera, terminaron como propietarios de los denuncios mineros. Aunque legalmente no aceptan la responsabilidad de haberlos generado. Su argumento es que se “solidarizan” con las comunidades.

Lo que preocupa es que 5.129 residuos han quedado totalmente huérfanos porque el Gobierno no ha podido identificar a los responsables y tampoco ha determinado quién los debe remediar. Al respecto, el especialista Edwin Alejandro Berrospi, de la red Muqui, calcula que deben existir más de 15 mil, pues en los últimos años el Gobierno abandonó también su labor de detección.

Dos fuentes

En San Isidro, los comuneros denuncian la afectación de dos puntos. El primero es La Rinconada, una zona tomada por mineros artesanales informales que escarban el cerro en busca de oro. Utilizan insumos como el mercurio y el arsénico para separar el metal precioso de la roca. Los residuos de este proceso son echados directamente al río Ramis sin ningún tipo de tratamiento previo. Esto debido a la falta de fiscalización de las autoridades regionales. Gracias a esto, los mineros logran extraer hasta 900 toneladas métricas al mes.

La otra fuente es San Rafael, una mina antigua comprada por Minsur SA en los años 70 y ubicada en el distrito de Antauta. En su momento, la empresa se comprometió a cerrar varios pasivos, pero ha mantenido depósitos de desechos, a los que se conoce como pozas de relaves, de donde obtiene estaño, un metal usado en los aparatos electrónicos.

La prueba de la contaminación son los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aguas que realiza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la cuenca del Ramis. Se puede verificar que metales pesados como el arsénico, manganeso, hierro, aluminio, plomo o cobre sobrepasan los niveles permitidos para el consumo humano y el de animales. Igual sucede con la acidez de las aguas, que ha provocado la desaparición de especies acuáticas, como la trucha y las ranas.

De acuerdo con la ANA, Minsur SA bota sus relaves tratados a la quebrada Chogñacota, que luego se une con el río Antauta y este, a su vez, se junta con el Ramis a unos 15 kilómetros. Entre 2011 y 2014 los niveles de pH (acidez de las aguas), así como de oxígeno disuelto, aluminio, cobre, hierro, manganeso, y hasta sulfatos y nitritos, estuvieron fuera de los máximos permitidos para la salud de las personas e incluso la bebida de animales.

Desde 2015 ANA no hace monitoreos. Hoy la empresa hace sus propios estudios y aseguran que no contaminan.

Minsur SA es titular en 307 pasivos mineros de los 916 detectados en la región Puno. Algunos de los más importantes están ubicados en sus operaciones en la mina San Rafael, Santa Bárbara (Santa Lucía) y Regina (San Antonio de Putina).

Daño congénito

Jesús Turpo está preocupado por las consecuencias que provoca la contaminación en su pueblo. Además de que peces y las ranas desaparecieron, la producción de papa se ha reducido. Pero el daño a la salud es el más preocupante. Los niños que se bañan en el río Ramis terminan con rasca rasca (ardor en la piel), cuenta Jorge tomando en sus manos el fango verdoso del fondo del río. “Cuando los animales lo pisan, terminan con llagas en las patas”, dice. Él debe lavarse las manos con jabón para evitar que se irriten.

Asimismo, muchos comuneros consumen esa agua tras ser sometida a un tratamiento de potabilización, pero este solo elimina las bacterias, ya que los metales pesados permanecen. Los pobladores piden exámenes de orina y sangre en los niños, con el fin de conocer el daño real que les ocasiona al organismo.

Pablo Soncco, enfermero del centro de salud de San Isidro, dice que cada año los niños presentan cuadros más severos de diarreas, alergias y otros males, como anemia y desnutrición. Además, cuenta algo más grave: desde hace cinco años estos nacen con males congénitos y no viven más allá de unos días. “Uno nació sin fosas nasales, otro sin un ojo, una sin boca y hace dos años un bebé sirena, con las extremidades inferiores pegadas. Eran madres gestantes de San Isidro, que fueron enviadas al hospital de Azángaro”, explica.

De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en la provincia de Azángaro se han registrado 29 muertes de recién nacidos por males congénitos desde 2017. Todos en pueblos por donde fluye el río Ramis.

Los especialistas consultados advierten que se debe realizar un estudio a fondo para determinar el nivel de relación entre todos estos males y el río contaminado.

Es un factor determinante, puesto que la afectación es un hecho innegable, así lo señala también el Plan de Acción para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca, del 2020, el cual concluye que “los resultados del monitoreo de calidad del agua, en el ámbito de intervención, evidencian concentración de metales pesados y metaloides en diferentes puntos de los ríos afluentes del lago Titicaca asociados a la composición geológica local, la presencia de pasivos ambientales y el desarrollo de actividades mineras”. Justamente contaminado por el Ramis con metales pesados.