Congreso elimina límite de edad para la docencia universitaria

El Congreso aprobó, con 108 votos, eliminar el límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria. También acordó reincorporar sin ninguna restricción y con todos sus derechos a los docentes afectados por la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, la cual disponía como edad máxima para dictar clases los 70 años. El límite fue ampliado luego a 75 años, en el año 2017.

En la norma aprobada se considera también la designación de una junta médica por encargo del Consejo Universitario para que evalúe la continuidad del docente, condicionada a la verificación de su estado de salud físico y mental.

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En la sustentación de la norma la noche del jueves se señaló que la modificación de la Ley Universitaria no generará gasto al erario nacional, debido a que la plaza de los docentes mayores de 75 años está presupuestada.

Para Leonardo Villegas, integrante del Comité de Docentes Universitarios Cesados (órgano dependiente de la Fendup), la aprobación de esta ley es beneficiosa para cientos de maestros que se quedaron sin beneficios sociales tras la aprobación de la Ley 30220. “Establecer un límite de edad era discriminatorio”.

En ese sentido, recalcó que no hay posibilidad de que los docentes se queden infinitamente en una casa de estudios y menos si no cumplen con los requisitos de actualización y especialización. Asimismo, señaló que no están en contra de la incorporación de jóvenes en la plana docente. “Nosotros no estamos afectando, ni afectaremos a los jóvenes, ni a los estudiantes”, comentó.

Sin embargo, para Jorge Morí, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), la norma es negativa, ya que va en contra de la reforma universitaria. “Poner límite de edad es permitir la renovación de los docentes, sobre todo en universidades públicas”, dijo.

Asimismo, mostró su preocupación por que la mayoría de profesionales jóvenes con maestría y doctorado enseñan en universidades privadas, lo que pone en desventaja a las entidades públicas.

“Durante el 2021, el 43% de docentes de universidades privadas era menor de 45 años, el doble en cantidad que en las públicas”, mencionó.

Agrega que la Ley Universitaria cometió un error al no incluir los beneficios sociales de los docentes (CTS, luto y sepelio). “La ley anterior sí los incluía. Ello ha generado un perjuicio a los cesantes, que se resolvió parcialmente el 2019″. Recomendó al Ejecutivo tomar acciones sobre esta situación.

La palabra

Jorge Morí, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes)

“Para que la reforma avance, las universidades públicas necesitan tener una carrera docente, manteniendo a su mejor talento y permitiendo que jóvenes ingresen. Uno de los obstáculos es el problema pensionario”.