Antes de la Sunedu, las universidades eran un desastre

Roberth Orihuela

Cuando asumió como rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Rohel Sánchez encontró una casa de estudios desfasada y divorciada de su realidad, desordenada, abandonada por el Estado con autoridades que respondían a intereses de grupos políticos. El catedrático advierte que con la aprobación de la ley que cambia la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) se pretende volver a los tiempos de la nefasta Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Este organismo reunía a los rectores de las casas de estudio y decidía mal los lineamientos de calidad educativa. No tenían control ni fiscalización. Con el cuento de la autonomía predominaba la corrupción.

Sánchez señala que antes de la reforma las universidades lucraban y estafaban. Había casas de estudios de fachada, que funcionaban en cocheras sin infraestructura”, recalca.

Con la creación de la Sunedu todo eso cambió. “Se inició un proceso de licenciamiento con estándares básicos de calidad. También se democratizó las casas de estudio, con la elección de los rectores y, sobre todo, se amplió la investigación y se ordenó los planes curriculares para que estén acorde a las necesidades del mercado laboral”, añade.

Además de eso, el exrector agustino indica que fue el mismo Tribunal Constitucional (TC) el que dio el visto bueno a la ley universitaria y propició la creación de un órgano independiente que licencie y fiscalice la calidad universitaria. Espera que, en un eventual proceso constitucional para derogar la ley que promueve el congresista Esdras Medina Minaya, el TC sea coherente.

Por otro lado, la exministra de Educación Patricia Salas O’Brien, advierte que la contrarreforma le quita facultad de ente rector de la educación universitaria al Ministerio de Educación (Minedu) y deja esta función en manos de las universidades. Solo por eso, dice, la ley debería ser observada y desestimada por el presidente Pedro Castillo.

Además, Salas O’Brien detalla que con la nueva composición (que da 4 sitios a representantes de las casas de estudio públicas y privadas) la Sunedu perderá su independencia y se convertirá en una institución con serios problemas de conflictos de intereses. “Imagínense si pondríamos como gerente de Osiptel al gerente de Movistar. Es inconcebible”, añade a modo de ejemplo.

La exministra de Educación además desmiente que la actual conformación de Sunedu vulnere la autonomía universitaria y que sea solo la Sunedu que ponga a sus miembros. “Se está desinformando. Actualmente, la Sunedu tiene 7 miembros. Solo dos de ellos son designados; uno por el Minedu y el otro por el Consejo de Ciencia y Tecnología (Concytec). Los otros 5 pasan un proceso riguroso de selección, por méritos. Lo que sí podría mejorar es la designación del superintendente, que actualmente se hace a dedo por el Minedu. Pero lo que la ley aprobada busca es volver a lo que era la ANR”, puntualiza.

Un llamado a los estudiantes universitarios

Consultados sobre qué se debe hacer para frenar la promulgación de la ley aprobada, tanto Rohel Sánchez como Patricia Salas, coincidieron en que deben ser los mismos estudiantes y jóvenes quienes deben luchar para defender la calidad de la educación universitaria. “Hay que cerrar filas para defender lo que se ha venido implementando. Claro que hay que fortalecer algunos aspectos, pero lo que busca esta ley es frenar y retroceder”, señala Sánchez.

En tanto, Salas agregó que el presidente, como representante del magisterio, debe observar la norma. Y si esta es aprobada por insistencia por el Congreso, entonces iniciar un proceso de inconstitucionalidad. “Pueden hacerlo los representantes universitarios, con el fin de obtener las garantías constitucionales para una educación superior de calidad”, finaliza.