Congreso recibe proyecto de ley sobre castración química a violadores de mujeres y menores
La castración química es un tratamiento médico reversible y sería aplicada tras el cumplimiento de la condena de los reos. Organizaciones se oponen por no atacar las causas estructurales de la violencia sexual.
El Gobierno presentó este jueves 21 al Congreso el proyecto de ley que autoriza la castración química para violadores de menores y mujeres, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros.
Durante conferencia de prensa realizada ayer, el ministro de Justicia, Félix Chero, precisó que la castración química se aplicará una vez que el reo haya cumplido con su condena (de 15 a 25 años), por lo que los condenados a cadena perpetua no serían sancionados con esta pena.
Además, aseguró que el país no se retirará del Pacto de San José, ya que no se está evaluando la pena de muerte para este tipo de delitos contra la libertad sexual.
“Nosotros ya tenemos en nuestro Código Penal la cadena perpetua para violadores de menores, por lo tanto, consideramos esta medida como una pena accesoria”, dijo.
Cifras alarmantes
Según datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en el 2021 hubo 5.728 denuncias de abuso sexual contra niñas y adolescentes. En promedio, unas 16 cada día, sin contar los casos que no son reportados o identificados.
Hay otro dato más desolador: en el 81,5% de los casos el abusador sexual era familiar de la víctima.
Por esta razón, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y niñas mostraron su rechazo a la propuesta de la castración química, ya que esta no resuelve las causas estructurales de la violencia sexual ejercida contra los más vulnerables en un contexto de machismo.
Posturas en contra
Desde “Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer”exhortaron al Ejecutivo abordar los casos de violación sexual en el marco de una política pública basada en resultados y con presupuesto suficiente para implementarla.
“La prevención debe ser materializada en políticas de igualdad de género e intervenciones articuladas, fundamentalmente desde el sector salud y educación. Así como garantizar el acceso a Educación Sexual Integral (ESI) y la articulación, desde un enfoque territorial, con gobiernos regionales, locales y sociedad civil para cambios de sentidos comunes que normalizan la violencia”, señaló la organización.
Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, es investigado por secuestrar y violentar a una menor de 3 años en Chiclayo. Foto: John Reyes
Una postura similar tiene el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que señaló que lo que en realidad se necesita, en lugar de la castración, son medidas de prevención como la educación sexual y lucha contra la impunidad.
“El problema de las medidas populistas es que distraen a la ciudadanía de exigir cambios concretos a corto, mediano y largo plazo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, que es un problema anclado en la discriminación, no una conducta aislada de pocos”, manifestó la institución.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que no hay evidencias de que la castración química sea una medida eficiente para reducir las cifras de violencia sexual.
“Rechazamos que se propongan medidas como la castración química o la pena de muerte para agresores sexuales. La primera de ellas no es una medida eficiente, pues no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes”, exhortó la institución.
