¿Qué es el Pacto de San José y por qué no se puede aplicar la pena de muerte en Perú?
Tras el secuestro y violación de una menor de 3 años en Chiclayo, la ciudadanía está volviendo a pedir la pena de muerte para agresores sexuales del país. Sin embargo, esta medida es inviable y no resuelve el problema de raíz, de acuerdo a expertos. Aquí la explicación.
No las une ningún parentesco ni amistad y tampoco son cercanas, pero aun así cientos de personas —en su mayoría mujeres— salieron a manifestarse y levantaron su voz para exigir justicia por la menor de tan solo 3 años que fue secuestrada y abusada sexualmente en Chiclayo.
Con esta respuesta de la sociedad, las madres de familia esperan que el Estado y demás autoridades intercedan y creen nuevas políticas públicas que respalden y protejan a las niñas, adolescentes y mujeres del país. Precisamente, un estudio del Ministerio de la Mujer (MIMP) reveló que más de 21.000 menores han sido víctimas de abuso sexual en los últimos cuatro años. Esto quiere decir que 15 niñas son ultrajadas al día.
La cifra es dura; por ello, los ciudadanos piden sanciones más severas. En la lista figuran dos medidas cuestionadas y que, a simple vista, traerían beneficios y los tan ansiados cambios. La primera es la castración química y la segunda, la pena de muerte, que fue derogada por Juan Velasco Alvarado mientras estuvo en el poder.
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Con dos especialistas analizaremos la segunda de ellas y explicaremos por qué no se puede aplicar en nuestro país, que está cansado de sanciones a medias.
Consultado sobre el tema, el abogado penalista Mario Amoretti recalcó que esta iniciativa es inviable, ya que el país está dentro de la Convención Americana, más conocida como Pacto San José. Este acuerdo, en el que están suscritos la mayoría de los países latinoamericanos, excepto Venezuela, busca que se respete la integridad física, psiquiátrica y moral de las personas, inclusive si han sido acusadas o responsables de hechos lamentables como la violación.
“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, se lee en una parte del acuerdo.
En ese marco, el especialista recordó que Alberto Fujimori también intentó sacar al Perú de este acuerdo, pero solo parcialmente. En ese entonces, el exdictador quería pena de muerte para los terroristas; sin embargo, su propósito no se logró.
“Esto es un imposible jurídico. El país que deja de aplicar la pena de muerte no la puede volver a aplicar. Cuando Velasco derogó la pena de muerte, lo hizo bajo el pretexto de que ‘la ciudadanía lo pide’ (…). Estamos acostumbrados a sancionar por el resultado, pero no por la causa”, explicó el experto a La República.
Una posición similar tiene el abogado penalista Carlos Caro, quien además aseguró que la Constitución del 93, que actualmente rige en la nación, tampoco permite la muerte para acusados por violación sexual a menores de edad.
“Hay una prohibición de reinstaurar la pena de muerte en países que la han abolido. Hay una prohibición supranacional de aplicar la pena de muerte, y porque, además, la Constitución del 93 tampoco lo permite; dentro del catálogo de penas del Código Penal tampoco está dicha sanción: no es una opción viable”, aseveró a este diario.
Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, es investigado por secuestrar y violentar a una menor de 3 años en Chiclayo. Foto: John Reyes
Entonces, ¿qué medidas se deberían tomar?
La castración química tampoco es una salida factible, entre otras razones porque representaría un gran gasto público para el Perú, debido a que cada pastilla para el interno cuesta alrededor de 8 soles y la inyección mensual, algo de 200. “Este dinero debería utilizarse para crear políticas públicas y en favor de las víctimas”, recomendó Mario Amoretti.
En esa línea, consideró que deben multiplicarse otros equipos, como las cámaras Gesell, y fortalecerse los puntos de atención psicológica y psiquiátrica en los distritos.
¿Es un proceso largo salirse del Pacto San José?
El abogado penalista Carlos Caro hizo hincapié en que salida del Pacto de San José es un proceso largo que podría tardar años. Para que esto suceda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también tendría que resolver todos los casos pendientes del país. El último de ellos fue el más polémico: el fallo contra la liberación de Alberto Fujimori.
“Es un proceso largo: tendría que mandar una comunicación, la comunicación tendría que surtir efecto dentro del año siguiente (…). Además, tienen que fallarse los casos pendientes para que el Perú esté completamente desvinculado. El Estado peruano tendría que someterse a esa jurisdicción, toda vez que la pena de muerte es una cosa completamente desproporcionada”, detalló.
¿Qué pasaría si Perú se sale de este pacto?
Ambos especialistas coinciden en que, si el Perú se sale del Pacto Sal José, los más perjudicados serán los ciudadanos, quienes ya no tendrían un amparo internacional cuando la Justicia del país no falle a su favor o vulnere sus derechos.
“Habría una situación de desprotección porque no solamente es la pena de muerte. El Sistema Interamericano cumple un rol fundamental en diferentes materias, como la protección de derecho a la igualdad, acceso a la justicia, protección de las comunidades campesinas, indígenas, temas vinculados a la libertad de expresión. Tenemos todo un catálogo de derechos que protegen, pasando incluso por los casos de Cantuta y Barrios Altos”, apuntó Carlos Caro.
¿Qué medidas se podrían tomar?
Antes de sumarse a medidas sin sustento, el abogado penalista Mario Amoretti recomienda al Gobierno y al Congreso de la República que se centren en la prevención de estos hechos. En esa línea, recordó que, aunque existe la cadena perpetua para violadores de menores de edad, estas vulneraciones siguen cometiéndose. “Estas condenas no los intimidan”, finalizó.
