Dictan prisión preventiva a 3 miembros de mafia que traficaba con exámenes de admisión

Prisión preventiva por tres años. Eso fue lo que consiguieron tres de los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los compadres de la UNI’, acusada de traficar con exámenes de admisión de al menos 11 universidades nacionales.

El Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal provincial Rudy Jiménez Fuentes, está a cargo de las investigaciones y formuló la acusación fiscal.

Los acusados son Armando Palomino Cano, Nicold Arrunátegui Tardio y Denis Enciso Quinto; investigados por el presunto delito de organización criminal y falsedad genérica.

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En cambio contra Eder Fernando Tataje Espinoza –investigado por los mismos delitos– se dictó la medida de comparecencia con restricciones, decisión que fue apelada en audiencia por el Ministerio Público.

Modus operandi de las mafias de exámenes de admisión

Según la investigación fiscal, estas personas captaban a estudiantes de academias que se presentarían a los exámenes de admisión de universidades nacionales. Como parte de las promesas, ofrecían a los postulantes un puntaje alto en las citadas evaluaciones de ingreso para acceder a una vacante, a cambio del pago de un monto que variaba entre los S/ 4.000 y S/ 30.000, según la carrera y universidad.

Los presuntos integrantes de esta mafia –que operaba desde el 2011– empleaban dos modalidades. La primera de ellas se trataba de capacitar al postulante en el uso de dispositivos electrónicos para que reciba las respuestas del examen sin ser descubierto, mientras que una segunda forma era a través de la suplantación del aspirante durante el examen de admisión.

Para la suplantación de identidad, los miembros de esta organización criminal efectuaban la inscripción del postulante subiendo fotografías editadas para que los rasgos físicos del suplantador se asemejen a los del aspirante. Asimismo, elaboraban huellas de silicona en el caso de que la universidad, a la cual se postulaba, utilice un sistema biométrico para el control e identificación el día del examen.

Según la hipótesis fiscal, bajo esta modalidad se habrían obtenido ingresos irregulares a las universidades nacionales Mayor de San Marcos, Hermilio Valdizán, Fabiola Salazar Leguía, José Faustino Sánchez Carrión, al igual que a las universidades nacionales de Ucayali, de Piura, de la Amazonía Peruana, de Jaén, de Trujillo, de Huamanga y del Centro.

La investigación fue llevada a cabo por el fiscal Jiménez Fuentes, con apoyo de los fiscales adjuntos Ingrid Milla Gargurevich y William Martínez Mucha.