El 25 de febrero, la bancada de Avanza país ingresó al Congreso de la República el proyecto de ley 1373-2021-CR que garantiza el empleo y uso de la fuerza por militares y policías durante el estado de emergencia.
La propuesta presentada a iniciativa del parlamentario José Williams, establece que los agentes que incurren en delito de función están sometidos al fuero militar policial, conforme lo señala la Constitución Política.
También precisa que “el personal militar y policial que, en estado de emergencia, en defensa de la sociedad y del estado de Derecho y en ejercicio de su función, haga empleo y uso de las armas u otros medios de defensa, está exento de responsabilidad penal”.
Esta iniciativa legislativa ha puesto en alerta a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Su secretaria ejecutiva, Jennie Dador Tozzini, dijo que significa regresar nuevamente a regímenes de excepción para los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional.
“Nosotros, como país, venimos de esa historia, ya vivimos eso en la época del conflicto armado interno y no funcionó, no ayudó a enfrentar el problema y lo único que hizo fue generar muchísima impunidad porque, obviamente, hay una cofradía entre este personal y sus instituciones”, señaló Dador Tozzini.
En cuanto a que los delitos de función deben ser juzgados en el fuero militar policial, dijo que esto genera situaciones de impunidad y es muy peligroso para la ciudadanía porque ocasionó anteriormente prácticas generalizadas de violación de derechos humanos.
Mencionó que ya existen dos decretos legislativos que regulan el uso de la fuerza y aunque no son satisfactorios, al menos se regulan por principios de legalidad, proporcionalidad, entre otros.
Se trata de un conjunto de principios que guían el accionar de la policía respecto al orden interno, lo mismo que de las fuerzas armadas, que en algunos momentos intervienen en el tema del orden interno. De ahí que consideró el proyecto de ley de Avanza País como un despropósito.
“Ahora se pretende no penalizar el uso de armas durante la emergencia, cuando las fuerzas armadas ya están en las calles. Las normas que tienen y que regulan el uso proporcional de la fuerza son normas que están construidas sobre una serie de supuestos que las instituciones tendrían que cumplir”, dijo respecto a la formación adecuada que debe recibir el personal militar y policial pero que no se están dando.
Comentó que estas instituciones no solo no están haciendo lo que tendrían que hacer para que la ciudadanía tenga mejores efectivos y ellos también puedan cumplir mejor su función, “sino que además ahora dicen: no te entreno bien, no te entrego las armas adecuadas y encima tú vas a cometer barbaridades y te vamos a tapar entre nosotros”.
“Si uno lee la propuesta legislativa es evidente que lo que están pretendiendo es armar una cofradía de impunidad. De ninguna manera, ya lo vivimos, la historia nos enseñó, de ahí venimos y no queremos regresar”, cuestionó la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador.