Sin agua potable y con equipos malogrados: así operaban algunas universidades antes de la Sunedu

“En la clase de derecho, el profesor que me enseñaba vino con su enfermera, con un tanque de oxígeno, se paró con un bastón y dictó clase hasta que sufrió un accidente y dejó de enseñar a partir de ese año. Ya estaría por los 86 años”, relata Chris Gutiérrez, exestudiante de la Universidad Ricardo Palma en el 2013.

“Había otro profesor de 72 años nombrado de casa porque era amigo del rector. Él solía jalar a todos los alumnos para que vuelvan a llevar el curso y paguen más, pero a pesar de las quejas no lo sacaban. Luego, con todo esto de la Sunedu me entero que pasó de enseñar a estar en el área administrativa”, cuenta indignado.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) fue creada en el 2014 con la promulgación de la Ley universitaria. Este organismo autónomo comenzó desde el 2015 un rol progresivo de supervisar estándares mínimos de calidad en las universidades. De acuerdo a ello, otorgaba el licenciamiento para que sigan funcionando o les daba un mayor plazo para que subsanen los indicadores que no cumplían. Si aún así no se pasaba la valla, les denegaba el licenciamiento.

“Lo primero que hay que destacar aquí es que esto no tiene que ver con qué enseñan en las universidades ni cómo lo enseñan, sino que tiene que ver con estándares mínimos relativos a infraestructura, gestión, procesos de calidad, docencia, investigación, servicios para los estudiantes, transparencia, etc.”, explica Carla Gamberini, especialista en políticas educativas

Añade que cuando inicia el proceso de implementación de la Sunedu se encontraron universidades que no cumplían con lo mínimo que se exigía, como locales que aún estaban en proceso de construcción, laboratorios inoperativos e incluso algunas que no tenían manejo de residuos sólidos. “Había un gran porcentaje de basura, de residuos líquidos y sólidos peligrosos en los establecimientos y no había un proceso de acopio para esto. Incluso se encontraban universidades que ni agua potable tenían. Esas eran las universidades antes de la Sunedu”.

Universidades no licenciadas

Este fue el caso de la Universidad Alas Peruanas, a la que la Sunedu denegó la licencia en el 2019. Las razones justamente son las que Gamberini señalaba como las más frecuentes: las sedes de la UAP no estaban completamente construidas. De hecho, el 67% de sus locales contaba con el avance de sus obras por debajo del 80%.

Asimismo, no se garantizó que el agua potable en todos sus establecimientos sea apta para consumo humano, como en el caso de su filial en Andahuaylas, donde se encontraron residuos fecales.

Brian Cairampoma, estudiante de Medicina Humana, afirma que a su parecer las deficiencias se concentran en la infraestructura e implementos, pues contaba con computadoras antiguas. Además, a diferencia de otras casas de estudios más especializadas, señala que ellos contaban con pocos implementos. “Teníamos solo lo básico y esencial para estudiar, como el anfiteatro, microscopios, aulas de laboratorios”.

Otra deficiencia que apunta de la universidad se relaciona a los pocos convenios que tenía con hospitales, que disminuyeron al negársele el licenciamiento.

“Cuando ya tenemos que llevar cursos clínicos como medicina interna, pediatría, cirugía, ginecoobstetricia, la universidad contrata a médicos que laboran en el hospital con el cual han hecho convenio. Entonces, nosotros vamos a los hospitales y ahí recibimos clases y realizamos nuestras prácticas. En ese caso, lo que ha variado es que si antes (de negarse el licenciamiento) teníamos convenio con cuatro o cinco hospitales, ahora solo tenemos con dos o tres a lo mucho”.

Es decir, si hay un grupo de alumnos que quisiera realizar prácticas en el Hospital Rebagliati y la universidad no cuenta con el convenio, esos estudiantes no pueden practicar allí, explica.

Durante el proceso que la UAP estaba siendo evaluada para ver si pasaba el licenciamiento, Cairampoma cuenta que en su sede se renovaron las computadoras y se repararon algunos proyectores, pero no hubo muchos cambios significativos. Luego, cuando Sunedu denegó el licenciamiento, la mayoría de estudiantes optó por retirarse de la universidad o trasladarse a otra.

“En Medicina, la universidad no tuvo convenios para trasladarnos a otra universidad, desconozco si en otras carreras habrán hecho convenios o no. Luego, la UAP, a los estudiantes que nos quedamos, nos dio el 50% de descuento en las pensiones”, detalla.

Corrupción, clientelaje y mafias al interior de la universidad

“La universidad (antes de la Sunedu) era un espacio en el que predominaban las mafias estudiantiles en alianza con autoridades corruptas, como fue el caso del rectorado de Cotillo en San Marcos, donde participó la actual rectora Jerí Ramón, allí imperaba el clientelaje y no se promovía ni se valoraba la investigación”, expresa indignado Marcel Velazquez, desde la experiencia que 20 años en la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le ha brindado.

“Entonces, autonomía universitaria para qué, hay que preguntarle a la rectora de San Marcos. ¿Autonomía universitaria para que regresen las mafias corporativas al interior de la universidad? ¿Autonomía universitaria para dejar de lado la meritocracia? Esa autonomía universitaria no sirve para el desarrollo de la universidad pública de calidad”, añade.

Velázquez, profesor principal a tiempo completo que también ha enseñado en universidades privadas de renombre, resalta que antes de la Ley universitaria, la oferta académica era muy mala porque había universidades masivas donde se ingresaba sin requerimientos y se egresaba de la misma forma.

“Se estafó a cientos de miles de jóvenes universitarios. (...) Los alumnos que salían de esas universidades no tenían grandes oportunidades en el mercado laboral porque se conocía la calidad de su formación”, apunta.

Por colegas suyos, conoce que en las universidades a las que denomina ‘bambas’ existían profesores no calificados que solían aprobar a los alumnos a cambio de otros ‘favores’.

“Sé la calidad de educación que se ofrecía en el pregrado de estas grandes universidades llamadas ‘bamba’ que tenían decenas de miles de estudiantes, profesores no calificados, donde todos aprobaban los cursos, e incluso las tesis eran un saludo a la bandera. Eso en la Facultad de Educación de la César Vallejo era un escándalo. En cada pequeño pueblo del Perú había una UCV ofreciendo maestría en Educación. Ese es el modelo que existía, una gran oferta, un alto número de universitarios, pero recibiendo una educación mediocre”, resalta.

Lo que destaca del proceso de fiscalización de Sunedu es que se mejoró la competitividad de los profesores, ya que uno de los requisitos para ser docente universitario fue tener el grado de magíster. Además, se fomentó la investigación, que es un campo que le llama bastante la atención.

“Los cambios en las universidades públicas, por ejemplo, son muy importantes. En el caso de San Marcos, para poner una cifra específica, lo que es la publicación de artículos de Scopus —base de datos donde están las revistas de investigación más exitosas—, antes del 2014 era de menos de 300, y en el 2020 ha superado los 600. Entonces, se ha duplicado la capacidad de investigación de la universidad pública, específicamente de San Marcos”, detalla.

De hecho, Carla Gamberini, Cofundadora y CEO de MásEducaciónPe también destaca el incremento en la investigación como un gran paso que no se debería retroceder.

“Uno de los problemas en calidad universitaria previo a implantar estos sistemas era que no había investigación. Por ejemplo, hasta el 2014 se registraban 1.770 publicaciones en Scopus en universidades del Perú, y del 2014 hasta hoy eso ha subido a 5.823 publicaciones académicas. Entonces, los indicadores ya están demostrando que se está mejorando”.

Hecha la ley, hecha la trampa

Chris Gutiérrez dejó de estudiar en la Universidad Ricardo Palma luego de año y medio por los distintos problemas que había con los profesores. Se cambió a la Universidad Privada del Norte a la carrera de Comunicación y Publicidad. Allí, durante la época de licenciamiento sí pudo evidenciar cambios en la sede de Breña. “La UPN de Breña comenzó a ampliarse mucho más, comenzó a poner más espacios donde comer, más espacios donde estudiar y comenzó a realizar bastantes actividades y eso se pudo aprovechar”, rescata.

Sin embargo, con la especificación que pedía que los docentes universitarios tengan grado de magíster, lo que pasó es que en la UPN profesores dictaran un curso pese a que no era su especialidad. Esto, sin lugar a dudas, acababa perjudicando a los estudiantes.

Otra salida que dieron fue conservar a los docentes contratados que tenían licenciatura o bachiller y ponerlos como ayudantes de cátedra con profesores que sí cumplían con el grado de magíster. Gutierrez cuenta que esto tampoco funcionó porque los horarios no coincidían y el curso no se desarrollaba de la mejor forma.

Incluso, en el curso de investigación sistemática, que es requisito para el bachiller automático, su profesor fue un docente de Filosofía, que si bien estaba calificado como investigador, en cuanto al área de Comunicaciones y Publicidad no tenía mucho conocimiento, según manifiesta. “No tenía idea de lo que tenía que ver mi carrera, entonces no iba a entender los tecnicismos que uso para nombrar algo dentro de mi propio tema. Era un profesor de Filosofía que trataba de corregir 100 tesis de Comunicación y Publicidad”, dice.

No obstante, Chris considera: “La Sunedu pone una presión necesaria para mejorar. Si bien no es la más eficiente o en muchos casos no está siendo tan exhaustiva para perseguir este tipo de casos en el que se trata de dar la vuelta a la tortilla para cumplirlo según lo que dice, al menos sí llegó a generar un cambio fuerte”.

La especialista en políticas educativas Carla Gamberini coincide y afirma que todavía hay mucho por mejorar en la Sunedu, como la condición de los estudiantes, contar con mecanismos más efectivos con respecto a su traslado si a sus universidades se les deniega el licenciamiento, subir los estándares de calidad de investigación, entre otros.

“Sí, faltan esas cosas, hay que hacerlas mejor, pero por eso hay que fortalecer organismos como la Sunedu y no debilitarlos, que es lo que está intentando hacer el Congreso ahorita”, resalta.

Finalmente, añade que por lo que se debe luchar es por que la Sunedu conserve su autonomía para seguir fiscalizando. “Este cambio de la Sunedu que se ha aprobado no es solo un cambio en el directorio, es un cambio que puede abrir la puerta a volver al esquema a universidades de baja calidad, porque si las universidades van a ser juez y parte de su propio proceso de supervisión, pueden empezar a avalar un montón de medidas que afecten lo ganado en calidad”.

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