El Gobierno oficializó este jueves el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 45 días. Esto significa que, mientras dure la medida restrictiva, se suspenderán los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
En ese marco, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recalcó que el derecho a la protesta pacífica no está suspendido. El colectivo hizo esta precisión luego de que varias agrupaciones y organizaciones civiles anunciaran que se movilizarán por el reciente nombramiento de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros.
La Amnistía Internacional Perú respaldó esta información y, a la vez, les pidió a las autoridades encargadas “garantizar los derechos fundamentales de las personas”.
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“Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía, y que las normas internacionales de DD. HH. exigen asegurar que el uso de las FF. AA., en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”, escribieron en su cuenta de Twitter.
El Gobierno interpuso esta medida a fin de frenar la ola de asaltos y asesinatos que se vive a diario en la capital y el primer puerto. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, recordó que las Fuerzas Armadas apoyarán a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control y operativos que realicen.
“En este operativo han participado la Policía Nacional del Perú con las Fuerzas Armadas para ir contra la delincuencia y narcotráfico. En Lima y Callao tenemos que bajar los índices de criminalidad”, subrayó el representante del Ejecutivo este jueves.