El Ministerio del Ambiente dio a conocer que el Perú es el noveno país con mayor superficie forestal del planeta y el segundo en Sudamérica; sin embargo, durante el último 2020, y pese a la pandemia por la COVID-19, el país rompió récords de deforestación al perder más de 200.000 hectáreas de bosques, la cifra más alta en las últimas dos décadas. Asimismo, la institución estima que alrededor del 37% de la madera que es extraída de los bosques peruanos es ilegal.
“En nuestro país las compras tienden a ser informales debido a la gran dispersión de actores y la baja conciencia sobre el origen legal de la madera. Esta complejidad se extiende a toda la cadena de valor, lo que incluye aserraderos y depósitos donde existe poco control y supervisión”, señaló Hugo Che Piu, experto en tala ilegal.
En ese sentido, el Proyecto Prevenir de USAID planteó una serie de recomendaciones con la finalidad de fomentar la legalidad en la venta de madera.
“Los procedimientos de acceso legal a los recursos forestales deben simplificarse con requisitos adecuados a la realidad de los productores y, en aquellos trámites que no puedan hacerse más sencillos, se debe contar con el apoyo técnico para cumplir con los mismos”, indicó Che Piu.
Finalmente, la institución precisó que el mayor reto está en eliminar las fallas de control y sanción, alimentadas por la corrupción para que se puedan buscar formas integrales y sostenidas para prevenir, denunciar y sancionar de manera efectiva los casos asociados a los recursos naturales.