Comunidad de corredor minero pagó más de S/ 2 millones por asesorías legales

El abogado Jorge Chávez Sotelo, junto a su hermano Frank, llamados los Chavelos, fueron detenidos en 2019 por el presunto delito de extorsión. Los acusaban de alentar a las comunidades de Cotabambas (Apurímac) a protestas radicales y poner contra la pared a la compañía minera MMG Las Bambas para obligarla a negociar. Chávez Sotelo afronta este proceso en libertad y aparentemente continúa con su actividad privada. Figura como gerente de la empresa Consultores y Ejecutores Yaku Sociedad Anónima Cerrada C Y E Yaku SAC que le embargó S/ 2 millones 320 mil de la cuenta de la comunidad de Arcospampa Congota del distrito de Mara, Apurímac. La razón de la medida coactiva, incumplir el pago de honorarios por asesorías en el conflicto con Las Bambas.

La resolución fue emitida por el juez Andrés Abelino Flores Aguilar del Juzgado Mixto de Tambobamba. La historia comienza el 16 de mayo de 2017. Esa fecha, la empresa de Chávez Sotelo firmó un contrato de locación de servicios con dicha comunidad. Los asesorarían legalmente para lograr un resarcimiento económico de MMG Las Bambas. A cambio de esos servicios, la comunidad les abonaría el 40% de lo que le se arranque a la minera. Tenían varios reclamos. El principal, acusaban al Ministerio de Transportes de convertir el corredor minero en vía nacional. Sin autorización ni consentimiento de ellos utilizaron sus terrenos comunales para que MMG Las Bambas transporte el mineral en carros encapsulados, dicen.

El contrato fue firmado entre Jorge Chávez Sotelo y el entonces presidente de la comunidad de Arcospampa, Atilio Córdova Silva.

En 2019, el Ministerio de Transportes pagó cinco millones 800 mil a la comunidad de Arcospampa por los terrenos en cuestión. Una orden judicial retuvo el 40% del monto reclamado por los Chavelos. Los comuneros se sienten estafados. Lo transferido por el Ministerio de Transportes no obedece a ninguna gestión de los abogados. Acusan a la directiva anterior de este acuerdo perjudicial.

Otros pagaron 30%

“Ha sido para nosotros una sorpresa. Nuestros hermanos, fueron a efectivizar sus cheques y les dijeron que la cuenta está congelada. No es justo. Esta negociación se hizo con el Estado, no fue con la empresa (Las Bambas). El MTC nos ha pagado por usar nuestros terrenos, ¿que tenían que hacer los abogados aquí? Acá nuestros hermanos del campo están llorando y el anterior dirigente tendrá que responder si hizo o no algo”, cuestionó el actual presidente sectorial de la comunidad, Efraín Sotelo.

El dirigente niega que la comunidad haya autorizado el trato con estos abogados. Solo una vez los vieron. “Una vez nos han visitado a una asamblea diciendo que les vamos a defender, vamos hacerles respetar con la empresa que les quiere atropellar. Les dijimos que nos traigan un documento para ver de qué forma nos iba apoyar. De ahí nunca más regresaron”, enfatizó.

Arcospampa no sería la única comunidad comprometida en los millonarios abonos a los abogados. Según el presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma, también Pumamarca y Coquecca, también pagaron el 30% de lo transferido por el MTC.

“Pumamarca y Choquecca cayeron en la trampa. Al parecer, estos Chavelos hacen contratos internos y secretos con la junta directiva o los presidentes comunales. Seguramente de ese monto, alguna dádiva queda para la directiva”, argumentó.

Limaypuma califica de prácticas poco sanas y nada honestas de unos asesores que son investigados por extorsión. “Vamos a solicitar a la fiscalía Anticorrupción y a la policía de crimen organizado que actúe”, mencionó. La República se contactó con el abogado de los cuestionados asesores, Kevin Peña. Este explicó que sus patrocinados no pueden dar declaraciones por el proceso de extorsión en curso. Los Chávez Sotelo, según testigo protegido de ese caso, por medio de llamadas telefónicas, ordenaban a los dirigentes para que sigan bloqueando las vías, alentaban enfrentamientos con la policía y que haya muertos.v

Caldo de cultivo para el aprovechamiento

Para el director de Derechos Humanos Sin Fronteras, Oracio Pacori, la preocupación por las demandas justas y desatendidas en las decenas de comunidades por las que atraviesa el corredor minero, son aprovechadas por inescrupulosos asesores.

“Una cosa son los abogados que defienden a los comuneros de denuncias, pero otra muy diferente aquellos que llegan como asesores con el compromiso de lograr un beneficio económico y pedir un porcentaje”, dijo.

Mencionó que, para evitar el aprovechamiento, las comunidades deben pedir transparencia de sus juntas directivas y sobre todo, fijar un monto fijo como remuneración.

“No solo es Apurímac, en Cusco y donde hay otros conflictos probablemente también algunos asesores estén alentando con fines personales. Lo que debe terminar porque las poblaciones luchan por lo que creen que son sus derechos”, acotó.