Un total de 56 trabajadores de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA), entre funcionarios y personal administrativo, se habrían beneficiado con el pago de incentivos laborales adicionales, provenientes de S/ 1 665 079 destinados a la contratación y pago de personal docente de institutos tecnológicos, pedagógicos y artísticos de Áncash.
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio donde estarían involucrados 11 funcionarios, sobre quienes recaería responsabilidad penal y administrativa, de acuerdo al informe de Control Específico N.° 044-2020-2-5332-SCE, desarrollado entre el 2 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
El documento señala el aprovechamiento de sus cargos para gestionar pagos adicionales en su favor y el de administrativos de la DREA, pese a que el Estado ya había autorizado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un incentivo único de manera mensual por un total de S/ 607.820.
De esta manera, durante el 2019, recibieron entre S/ 1.500 y S/ 56.000 por concepto de incentivos adicionales que no les correspondía.
Tal desembolso afectó el presupuesto previsto para pagar a docentes nombrados y contratados de Huaraz y profesores de institutos tecnológicos en Huaraz, San Luis, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Piscobamba, Cabana, Llapo, Recuay, Sihuas y Yanama.
Asimismo, la revisión de la documentación evidenció que las planillas adicionales fueron elaboradas y aprobadas sin los documentos que sustenten su emisión; además, no fueron registradas en el Módulo de Control de Pago de Planillas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), como señala la norma.
Mediante el informe de hito de control N.° 023-2019-OCI/5332-SCC, en setiembre del año pasado, el órgano de control institucional advirtió esta situación al Gobierno Regional de Áncash; sin embargo, no se habrían adoptado las acciones correctivas del caso.
El informe fue notificado al gobernador regional Juan Carlos Morillo para que disponga el inicio de las acciones administrativas y legales correspondientes.
En diálogo con La República, el director Marco Flores indicó que hará cumplir las recomendaciones de la Contraloría. “Es el ente rector que vigila el buen uso de los recursos públicos y, por lo tanto, tengo que cumplir. Los responsables van a tener que responder”, dijo.