El legislador Alberto de Belaunde solicitó ayer que se debatan dos iniciativas sobre la unión civil entre personas del mismo sexo que se encuentran hoy encarpetadas desde hace 4 años en el Congreso. Esto sucedió un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera rechazar la demanda de amparo del economista Óscar Ugarteche, quien busca que el Perú reconozca su matrimonio civil con el ciudadano mexicano Fidel Aroche realizado en el extranjero en el 2010.
El primer proyecto de ley (00718/2016-CR), que plantea la unión civil, lo presentó –el 30 de noviembre del 2016– la disuelta bancada de Peruanos por el Kambio y hasta el momento no se ha debatido dentro de la Comisión Justicia y Derechos Humanos.
Una misma suerte corrió el proyecto de ley (00961/2016- CR) de la anterior bancada del Frente Amplio, el cual propone el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Este se presentó el 14 de febrero del 2017 a la comisión y hasta ahora nada.
Ambas iniciativas no han merecido ni una sola sesión dentro del grupo de trabajo.
“Este tema (la demanda declarada improcedente por el TC) vuelve a poner en la agenda pública un necesario debate sobre la ausencia de un reconocimiento legal de los derechos y obligaciones que involucran proyectos de vida en común de parejas del mismo sexo”, dijo el congresista. También recordó que entre los años 2011 y 2016 se discutió en el Congreso un proyecto de ley que planteaba la unión civil; no obstante, este fue mandado al archivo.
“Desde entonces se ha aprobado el matrimonio igualitario en EEUU, Irlanda, Colombia, Finlandia, Malta, Taiwán, Austria y Ecuador. En Chile se viene haciendo debate (...) Lo que quiero decir es que las parejas del mismo sexo seguiremos existiendo. La sentencia del Tribunal Constitucional no cambia eso”, sentenció el legislador.
El economista Óscar Ugarteche señaló ayer que su caso será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que este proceso tardará entre dos a tres años en resolverse.
Y en efecto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, consideró que estos procesos en la Corte IDH son largos y lentos. En tanto, la Defensoría del Pueblo también rechazó la decisión del TC y señaló que se está incumpliendo la obligación internacional.
Para Marianella Ledesma, magistrada del TC, es posible que la Corte IDH ampare el pedido de Ugarteche. “Estoy casi segura de que le dará la razón y se deberá acatar”.