Arequipa: la mafia que ‘limpió’ S/ 2,5 millones en papeletas de tránsito

Un chofer ebrio que provoca un accidente de tránsito comete una infracción grave tipificada como M1, cuya sanción equivale a una multa de 4.300 soles y corresponde la cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva para obtener el brevete. A un conductor intervenido en estado de ebriedad le corresponde una multa de 2.150 soles y se suspende la licencia de conducir por tres años.

Estas sanciones graves podían pasar desapercibidas en la ciudad de Arequipa debido a una mafia que operaba en la Municipalidad Provincial de Arequipa en complicidad con suboficiales de la Policía Nacional, de la División de Tránsito y otras dos personas.

Según las indagaciones del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo del fiscal Arturo Valencia Paiva, 22 personas estarían involucradas en estos hechos irregulares que consistían en retener las licencias. Las devolvían cuando cobraban entre 4.500 a 5.000 soles a los infractores a cambio de limpiarlos de toda culpa. Se trata de nueve servidores y exservidores ediles, entre ellos dos funcionarios de la gestión del alcalde Omar Candia, además de 11 policías en actividad y en retiro, y dos civiles.

El pasado martes 3 de noviembre, los 22 funcionarios públicos (21 en Arequipa y 1 en Lima) fueron detenidos en un megaoperativo en el que tuvieron que intervenir 41 fiscales y policías de Lima, Arequipa, Moquegua y Puno, además de cinco peritos del Ministerio Público. Al grupo se le denominó Los Elegantes de la Municipalidad de Arequipa. Les allanaron las viviendas y además ingresaron a las oficinas de Fiscalización Administrativa, Subgerencia de Circulación y Educación Vial y de Transportes de la comuna provincial para recabar la documentación necesaria y a las comisarías de Palacio Viejo, Santa Marta, Yarabamba, Characato, Mollebaya, Casimiro Cuadros, El Porvenir (Miraflores).

Modus operandi

De acuerdo al fiscal Valencia Paiva, aún se determina si se trata de una organización criminal. No obstante, explicó cómo operaban. Se les investiga por los delitos de cohecho pasivo propio, falsificación y uso de documento público, y ejercicio ilegal de la profesión.

A los conductores que cometían las infracciones M1 y M2 y que accedían al pago de entre 4500 a 5000 soles, no les pasaba nada. No les retenían su licencia ni el vehículo iba al depósito municipal y tampoco se emitía la resolución de sanción en la municipalidad.

Todo esto pese a que el conductor era intervenido en flagrancia y que se acogía al principio de oportunidad. Estos actos irregulares comenzaron a ser investigados hace un año, pero corresponderían a actos que se cometieron entre 2017 a 2019.

El jefe nacional de Departamentos Desconcentrados Contra la Corrupción de la Policía Nacional, Coronel Gustavo Arroyo Torres, dio más detalles. Indicó que los choferes infractores eran captados por una falsa abogada llamada Lorena Cáceres Muñoz, quien dentro de sus servicios prometía la devolución del brevete. Se descubrió que, para ello, se escaneaba o falsificaba el documento original con el fin de que este retorne a manos del conductor. El documento adulterado iba al depósito de la comuna provincial como si se tratara de uno legal. Ella sería el nexo entre los infractores, la policía y la Municipalidad de Arequipa.

El fiscal Valencia explicó que, en la comuna, revisaron una muestra de cerca de 1.000 licencias supuestamente retenidas y descubrieron que 650 eran falsas. Las investigaciones determinarán quién fue el responsable del cambiazo, la Policía o los funcionarios ediles.

Además, se evitaba el internamiento de los vehículos de los infractores, bajo el pretexto de que el depósito municipal estaba lleno.

Por otro lado, los malos funcionarios municipales expedían resolución de nulidad de las papeletas de sanción impuestas. Para ello se habrían valido de documentos mal llenados. Aquí entran a tallar los policías detenidos. Su actuación habría consistido en incurrir adrede en errores de forma en las papeletas para que luego estas sean observadas e invalidadas

Se calcula que el perjuicio al Estado peruano, por lo que se dejó de recaudar proveniente del cobro de las papeletas, asciende a 2,5 millones de soles.

Conocidos estos hechos, el martes 3 de noviembre el alcalde Omar Candia trató de deslindar responsabilidades, al indicar que fue su gestión la que formuló la denuncia en marzo de 2019.