El representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula, demandó al gobierno regional, a las municipalidades y a las instituciones públicas de la región trabajar en conjunto para elaborar políticas públicas en educación, salud y trabajo que garanticen los derechos de las personas discapacitadas.
“Debemos identificar quiénes son las personas con discapacidad en el departamento, cuáles son las barreras que enfrentan y a partir de ahí trabajar para garantizar sus derechos fundamentales”, explicó el funcionario.
Azula indicó que, de acuerdo a las normas educativas, en la educación básica regular (EBR) y la educación básica alternativa (EBA) se deben reservar como mínimo dos vacantes por aula para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada.
El representante de la Defensoría en Piura explicó que, según el Informe defensorial Nº183 "El Derecho a la Educación Inclusiva”, Piura registra 41.518 personas con discapacidad en edad escolar y alberga 6.605 instituciones educativas de EBR. De estas, 1.523 tienen al menos un estudiante matriculado con necesidades educativas especiales: 241 en el nivel inicial, 704 en primaria y 314 en secundaria; es decir, solo el 23.05% de las instituciones educativas de EBR son inclusivas.
Igualmente, 264 instituciones educativas privadas de EBR han incorporado estudiantes matriculados con necesidades educativas especiales: 56 colegios en el nivel inicial, 126 en primaria y 82 en secundaria.
El referido informe, también reporta que solo existen 11 equipos y 59 profesionales del Servicio Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas Especiales (Saanee) para 1067 instituciones educativas.
Según las cifras del Censo Nacional 2017, del total de población que presenta alguna discapacidad en Piura (168.563), el 6.4 % (10.814) tiene dificultad para oír. Asimismo, no todos conocen la Lengua de Señas Peruana, situación que dificulta la inclusión y el ejercicio pleno del derecho a la educación.