Puno: caso Tambillo está en manos de fiscales que al principio no iniciaron investigación
Hace 4 meses se reveló que un grupo de efectivos de la Policía en Puno había montado un supuesto operativo antidrogas al sur de la región, que terminó en robo de dinero. El caso no ha sido investigado por el Ministerio Público.
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El caso Tambillo, que involucra a policías en robo de dinero, se ventila en la Fiscalía de la provincia de Chucuito-Juli, al sur de la ciudad de Puno.
El fiscal Víctor Rosas Díaz tiene aún a su cargo el expediente en el cual está involucrado el mayor Pedro Campos Cusihuamán, el alférez Diego Núñez Isla y los suboficiales Dushan Alexis Astete Pareja, Ferdinan Llanque Carbajal, Natalia Cuno Mamani y Alexander Lima Mendoza.
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Los seis participaron de un supuesto operativo antidrogas el 17 de noviembre de 2019 en la comunidad de Tambillo, distrito de Pomata, provincia de Chucuito, al sur de Puno.
No encontraron nada indebido, pero del inmueble intervenido se llevaron 7.000 soles y 1.500 dólares. Luego, todos fugaron.
Quienes ingresaron en la vivienda allanada fueron el mayor Pedro Campos Cusihuamán, el alférez Diego Núñez Isla y el suboficial Alexis Astete Pareja, entre otros que no han sido identificados.
Para que los tres puedan actuar, los suboficiales de la Policía Nacional Ferdinan Llanque Carbajal y Natalia Cuno Mamani fueron desviados y enviados a intervenir otro inmueble. Durante la acción, Alexander Lima Mendoza quedó al frente de la unidad policial que trasladó al mayor Campos.
Después de ello, todos fugaron. Los comuneros retuvieron por arresto ciudadano a Ferdinan Llanque Carbajal y Natalia Cuno Mamani. Ambos recuperaron su libertad una vez que el mayor Pedro Campos devolvió el dinero del que se apoderó indebidamente junto a sus demás colegas.
La República denunció el caso con fotos y videos y mostró la devolución de dinero el 15 de junio de este año, tras varios meses de investigación. En las imágenes se observa al mayor Pedro Campos devolviendo lo sustraído en presencia de Ferdinan Llanque Carbajal y Natalia Cuno. Estos suboficiales nunca informaron lo sucedido. Tácitamente, fueron cómplices.
Tras la revelación, las primeras diligencias estuvieron a cargo del fiscal William Otazú. Empero, Otazú, derivó el caso por competencia a fiscal de Juli, Víctor Raúl Rosas Díaz.
En diciembre de 2019, los medios de comunicación ya habían denunciado que el operativo terminó en robo. Sin embargo, la Fiscalía de Juli, a cargo de Víctor Raúl Rosas, no inició investigación preliminar al respecto.
La República contactó a Víctor Raúl Rosas, quien admitió que en ese entonces no se llevó a cabo ninguna investigación. Alegó que ningún agraviado denunció robo perpetrado por policías. No obstante, no supo explicar por qué no tomó acciones considerando que los medios de comunicación habían advertido que sí hubo robo.
En el Ministerio Público de Juli también trabaja el fiscal Manuel Deza Castillo. Este acudió al amanecer del 17 de noviembre para recuperar a los policías retenidos. Llegó a Tambillo junto al fiscal de Desaguadero, Eliot Maximiliano Albarrán Burgos. Ambos, en vez de tomar medidas contra los policías implicados, les plantearon a los comuneros “solucionar” el caso directamente con el mayor Pedro Campos.
Contra Manuel Deza hay un pedido de cese de funciones. Pero la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aún no firma la resolución del cese.
De otro lado, la investigación administrativa contra Manuel Deza y Eliot Maximiliano Albarran Burgos en control Interno del Ministerio Público de Puno está encarpetada.
Víctor Raúl Rosas Díaz, en diálogo con La República, dijo que recién hoy, lunes 19 de octubre de 2020, el caso Tambillo lo elevó en consulta a la presidenta de la Junta de Fiscales de Puno, Elizabeth Castillo Zapana, para que decida qué Fiscalía se hará cargo. Cree que debe ser visto por el fiscal anticorrupción William Otazú.
El abogado penalista Raúl Ordoñez dijo que la Fiscalía de Juli no ofrece garantías por su complicidad tácita al no tomar acciones cuando ocurrieron los hechos. “Es escandaloso. El caso salió en los medios de comunicación y debieron tomar medidas. Hubo complicidad”, dijo. Por otro lado, afirmó que podría ser visto por el fiscal primigenio o uno ad hoc que garantice transparencia y celeridad, pero de la ciudad de Puno.
Cuatro de los cinco congresistas por Puno elevaron una carta a la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos. Se quejaron por la lentitud del Ministerio Público y advirtieron inacción por complicidad.
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