Cuenca lechera en Puno sigue siendo afectada por contaminación minera

Por Liubomir Fernández

Héctor Velarde Ordóñez (18) utiliza la paja que crece en el campo para purificar el agua destinada al riego de sus cultivos. Es la única manera de liberarla de las impurezas de este líquido lechoso que circula por la cuenca del Llallimayo, ubicada en la provincia de Melgar, al norte de la ciudad de Puno.

No es un método efectivo. Las pajas no retienen las partículas más pequeñas y, con ese recurso contaminado, riegan campos de pasto y alfalfa. Ese alimento lo consume el ganado lechero, luego, estos animales reducen su producción lechera o mueren por diarreas, se quejan los agricultores.

El agua color beige, que recorre cientos de kilómetros de la cuenca, riega los pastizales. El daño lo sufren los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri. De la contaminación, se acusa a la empresa minera Aruntani y a su operación llamada Arasi. La empresa explotaba oro en la zona alta de Ocuviri, provincia de Lampa. En su mensaje presidencial de julio de 2019, el presidente Vizcarra confirmó el cierre de las operaciones de esta mina, empero, continúan los problemas ambientales. Para los pobladores, la mina continúa operando. Y a eso atribuyen la contaminación. Aunque sus funcionarios ratifican que realizan el proceso de cierre.

¿Cómo se constata que la cuenca recibe los vertimientos de la operación minera? La República llegó hasta la tranquera principal de la mina. A la margen derecha, se aprecia al río Lluchusani con aguas transparentes, a la izquierda, el río Pataqueña, que sale del yacimiento, con aguas turbias.

Ambos afluentes forman parte de la cuenca ganadera de Llallimayo. “Si no hacemos el filtrado, este terreno sería un desierto. Así controlamos los metales pesados que se quedan entre la paja”, dice Héctor Velarde.

Pero sus suelos agrícolas ya no producen alfalfa como antes, y sus vacas mueren con diarrea cada cierto tiempo.

En la cuenca, son más 10.000 productores ganaderos afectados. Florencio Pacuri Ancasi asegura que si desaparece la ganadería, se quedarán en la calle. “No sé qué vamos hacer. Mi vaca morirá por comer pasto contaminado, ha enflaquecido. Qué les hemos hecho a los de la mina para que nos haga tanto daño”, cuestionó.

Los sembríos de alfalfa no crecen, en otras zonas, se marchitan sin opción de rebrote.

Reyna Choquehuayta Bejar, dirigente del comité de lucha de Llalimayo, sostiene que no solo está en riesgo el ganado, también la población está expuesto a los metales pesados. En la zona carecen de agua potable.

El Gobierno sabe de los daños de Aruntani. El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, indicó que está en marcha un estudio para determinar el nivel de contaminación del suelo ocasionado por metales pesados. Estimó que la posible afectación alcanza a 3400 hectáreas. Aunque los pobladores estiman que el daño alcanza a 20.000 hectáreas.

Néstor Ccasa Acsara, dirigente del comité lucha de Llallimayo, consideró que la empresa debe hacerse responsable de los daños y no da la cara.

La Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que el gobierno sí tiene conocimiento de lo de Llallimayo. Anunció dosajes a las personas expuestas a metales pesados. Anunció, además, que habrá monitoreo participativo de calidad de agua para consumo humano en los cuatro distritos involucrados.

Minera no responde

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua confirmaron que la calidad del agua en los ríos en la cuenca de LLallimayo no son aptas para el consumo humano ni la ganadería. Los metales pesados superan los niveles permitidos.

El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, informó que en las siguientes semanas, se ejecutará la carta fianza de la empresa Aruntani para culminar el cierre de los componentes de la unidad minera Arasi. La República buscó la versión de la empresa Aruntani. Sus directivos no respondieron a los pedidos para que den sus descargos.

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