La Oficina de Control Interno de Lima, a través del Ministerio Público, anunció que le abrió un proceso de indagación preliminar al fiscal provincial Guido Maximiliano Vera Vera. Esto a causa de las presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones en la investigación seguida por la muerte de dos jóvenes trabajadores en uno de los locales de McDonald’s.
Ello luego de que ayer, miércoles 23 de setiembre, se conociese que el fiscal Guido Vera Vera, de la 35° Fiscalía Penal de Lima, resolviera archivar la investigación preliminar sobre la muerte de los jóvenes trabajadores, Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alejandra Antonella Porras Inga, dentro de un local que no habría contado con medidas de seguridad en Pueblo Libre
Vera Vera señaló no presentó una denuncia penal contra José Carlos Andrade Roy, gerente general de la empresa Arcos Dorados del Perú S.A.C -que opera la franquicia en el Perú- Maria Vanessa Pisfil Silva de Orihuela y Franklin Medina Huamán, por el presunto delito de violación a la libertad de trabajo, en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El fiscal también resolvió “abstenerse del ejercicio de la acción penal” contra estas mismas personas por el delito de homicidio culposo en agravio de las víctimas y, así, dispuso el archivamiento de la investigación.
Según el documento fiscal, la familia de Alexandra Porras y Gabriel Campos habrían llegado a un acuerdo económico extrajudicial con Arcos Dorados.
“Bajo los alcances del citado acto jurídico, las personas de Johanna Inga Argote y Ricardo Porras Urbizagastegui presentaron los escritos glosados, donde señalaron que a través de un acuerdo mutuo habían arribado a una transacción extrajudicial con Operaciones Arcos Dorados de Perú SAC, relacionada al suceso que originó esta investigación”, se lee en la resolución.
“Así, al haber satisfecho su interés patrimonial, solicitan se prescinda de su participación en la investigación y el proceso penal, así como se abstengan de continuar notificándolos las diversas disposiciones y citaciones por las cuales se ordenan diligencias, ya que no participarán en ellas”, agrega el documento.
Según el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ la franquicia de McDonald’s en Perú, les entregó un total de S/ 1 225 000 a los padres de la joven, mientras que los progenitores de la otra víctima recibieron un acuerdo inicial por S/ 750.000.
A mediados de diciembre, Gabriel y Alejandra, de apenas 19 años, fallecieron tras recibir una descarga eléctrica en local de Mc’Donalds.
Y aunque la empresa señaló que siempre cumplieron con todas las medidas de seguridad en el trabajo, en febrero de este año la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) le impuso una multa a la empresa por S/ 845.670 tras comprobarse que cometieron seis infracciones “muy graves” y una infracción “grave”, todas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el caso de la muerte de los dos jóvenes.