
Tumbes. Luego de que los funcionarios de salud dispusieran el entierro de dos ciudadanos en el cementerio COVID, pese a que ambos fallecieron por otras causas, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes recomendó al Hospital Regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarria iniciar una investigación en el marco de un proceso administrativo.
Una de las demandantes es Norma Farfán López, quien, según refirió, el pasado 3 de agosto su hermano Roberto Farfán López fue trasladado hacia el nosocomio, debido a un dolor en el corazón. En ese momento, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero a las cinco de la mañana del día siguiente falleció. Posteriormente, fue enterrado en el cementerio COVID.
Asimismo, la mujer dijo que su hermano fue clasificado por el personal del hospital como NN, a pesar de que en las recetas médicas figuran sus datos, lo cual ha generado indignación de todos los familiares, quienes al formular sus reclamos habrían sido agredidos verbalmente por personal del nosocomio.
Al respecto, la Oficina de la Defensoría de Tumbes demandó restituir el derecho a la buena administración que le ha sido vulnerado a la ciudadana ante las presuntas irregularidades en torno a la atención brindada al fallecido.
Otra de las denuncias fue la del ciudadano Alberto Castillo Sernaqué, quien demandó al Hospital Regional, debido a que no se le ha brindado el certificado de defunción de su hermano Antonio Miguel Castillo Sernaqué. Este último fue enterrado en el cementerio COVID sin contar con aquel documento, pese a que falleció por cuadriplejia causada por un proyectil en las cervicales.

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