Racismo en el Perú: las trabas judiciales para denunciar este delito

Tres casos recientes de racismo han puesto nuevamente sobre la agenda pública esta problemática que atraviesa a todo el Perú. Martha Chávez, Arón Cotrina y Vania Torres son los últimos protagonistas de estos actos de discriminación étnico racial, los cuales son considerados delitos desde el 2000.

Esta lucha es impulsada por activistas y organizaciones antirracistas de afrodescendientes e indígenas desde hace ya varias décadas atrás. Sin embargo, pese a que estas voces de protesta lograron poner el racismo sobre la mesa, aún se presentan complicaciones para denunciar estos actos, así como para prevenirlos.

Dificultades en las denuncias de discriminación étnico racial

Sofía Carrillo, periodista y activista afroperuana, señala en diálogo con La República que es importante diferenciar el racismo de la discriminación étnico racial. “El racismo es la ideología que plantea esta superioridad e inferioridad a partir de los rasgos físicos y la ’raza’, mientras que lo segundo es la práctica del primer concepto”.

Las prácticas discriminatorias son una de las manifestaciones del racismo más visible. Las brechas para el acceso a la educación y puestos de poder para personas racializadas, por ejemplo, son también parte de este problema estructural.

Lo que el artículo 323 del Código Penal sanciona es, justamente, la discriminación y la incitación a esta con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Cuando este delito es cometido por un funcionario público o a través de Internet, la condena es de hasta cuatro años de pena privativa de libertad.

Sin embargo, aún se registran dificultades para poder denunciar estos actos. De las 526 denuncias que recibió la Fiscalía en el 2019 por el delito de discriminación, solo 217 fueron resueltas, es decir, menos de la mitad, de acuerdo a datos del Ministerio Público obtenidos por Perú21.

Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura (Mincul), sostiene que es “complicado” conocer el número real de denuncias debido a que no hay un sistema integrado de estas a nivel nacional. “Desde el 2006, son poquísimos los procesos [por discriminación] que han llegado a sentencia. No llegan a la decena, según la información que manejamos”, explicó.

La denuncia de discriminación étnico racial debe ser, en primera instancia, investigada por el Ministerio Público y luego ser formulada por el Poder Judicial para que este pueda emitir una sentencia.

Diferentes entidades como Indecopi, Ministerio de Trabajo (MTPE), Sunafil, entre otras, pueden recoger estas denuncias. “La investigación y sanción de actos de discriminación en general (...) están disgregadas y poco integradas”, determina Oré. Pero las dificultades se registran no solo en las vías por las cuales denunciar, sino también al momento en que se solicitan las pruebas.

“Una de las mayores trabas para que estas procedan es la ausencia de medios probatorios. Ahora tenemos la posibilidad de grabar, pero si no grabaste, ¿cómo aseguramos que no quede impune?”, manifiesta Carrillo, por lo que indica que se necesita ajustar la forma en que se puede proceder a denuncias por discriminación.

Proyecto de ley a la espera

Ante estas trabas, el Ministerio de Cultura presentó en junio último el proyecto de Ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. Oré hace énfasis en que esta iniciativa busca integrar todos los mecanismos para investigar y sancionar la discriminación racial, para lograr sanciones efectivas y graduales.

Por otro lado, manifiesta que la reforma modificaría el Código Penal para introducir el delito de incitación al odio, el cual sería una nueva categoría en las normas jurídicas peruanas que responde a la recomendación del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

“Este delito tendría una pena privativa de libertad de hasta cuatro años, es decir, se podrá sancionar con cárcel efectiva”, recalca Oré, quien instó al Congreso de la República a debatir este proyecto de ley y “darle la máxima prioridad”.

Asimismo, esta norma propone abordar el racismo como un problema público y también trabajar en la prevención de la discriminación racial.

Trabajar desde la prevención

Sofía Carrillo afirma que, si bien un sector de la sociedad ahora reconoce “que es políticamente incorrecto ser racista”, eso no implica que se registren cambios de comportamiento o que nos hagamos cargo del racismo que como sociedad tenemos internalizado.

“El racista sigue siendo el otro, no yo, no mi entorno ni mis amigos”, señala. En efecto, esto quedó demostrado en los resultados de la I Encuesta Nacional “Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico Racial” del Mincul: el 53% de los encuestados/as considera a los peruanos/as racistas o muy racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo muy racista o racista.

La activista asegura que se debe plantear un “abordaje multidimensional” y considera “primordial” enfatizar en la prevención de la discriminación racial, por lo que propone implementar una educación antirracista en la que se reconozca explícitamente que este es un problema que impide que todos podamos ejercer nuestros derechos.