Lima Metropolitana: funcionarios de 40 municipios cometieron irregularidades durante estado de emergencia

La pandemia de la COVID-19 no solo se propagó y enlutó a miles de familias en nuestro país, también evidenció irregularidades en 40 municipios de Lima Metropolitana que fueron denunciados por la Contraloría General de la República (CGR) durante el estado de emergencia, en actividades como adquisición y reparto de alimentos, insumos médicos y otros.

La entidad revisora de gastos y distribución de bienes públicos emitió, hasta el momento, 1.484 informes de control en la región Lima, de los cuales 308 pertenecen a los distritos de la ciudad capital.

Ausencia de trabajo en coordinación

Hernán Nuñez, exregidor de Lima Metropolitana, sostiene que estos actos irregulares se dieron no solo en un contexto marcado por la emergencia sanitaria, sino también dentro de un escenario de ausencia de trabajo coordinado entre el Gobierno Central y los municipios.

“Es importante notar que la pandemia no solo desnudó los posibles casos de corrupción, también evidenció que el Perú es un estado desconectado por la falta de comunicación que atraviesan todos los niveles del Estado a fin de diseñar políticas de manera coordinada. Hablamos de un problema más estructural”, señaló.

Una de las operaciones municipales que estuvo bajo la lupa de la Contraloría, durante el estado de emergencia, fue la referida a la adquisición y distribución de canastas básicas a la población vulnerable. El acompañamiento de los auditores permitió detectar deficiencias en 33 municipios de Lima Metropolitana.

La mayoría de estos actos se asociaron con la compra de los productos, así como a la poca eficacia en su reparto, debido a que muchas de ellas no llegaron a manos de quienes realmente las necesitaban. Esto obedeció a una posible falla en el contenido de padrones.

“La distribución de las canastas se ha hecho sobre la base del padrón que tiene las municipalidades y muchas de ellas no los tienen actualizados o simplemente han heredado padrones pasados y no se tomaron el trabajo de renovarlos”, agrega Núñez en diálogo con este medio.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi agregó que esta insuficiente conectividad entre los distintos niveles de gobierno estatal se ahondó en esta pandemia por la falta de logística. “Desde hoy se debe tener un control y un catastro serio de cada distrito para saber dónde están ubicados los ciudadanos y las familias vulnerables”, manifestó.

Falta de iniciativa de los alcaldes y reducción de sus funciones

La Región Metropolitana está integrada por 43 distritos y recibió más de 91 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la atención de la emergencia sanitaria, del cual ya gastó un 76,9%. Es decir, cerca de 70 millones de soles, de acuerdo al portal de transparencia de la Contraloría.

Sin embargo, aún hay municipios como Independencia, La Molina y San Isidro que no llegan al 40% de la ejecución del monto asignado.

En ese sentido, Nuñez lamentó la falta de iniciativa de muchos burgomaestres para realizar un trabajo más coordinado y en beneficio de su comunidad, pese a que ellos gozan de autonomía administrativa, política y económica tal como lo estipula la Ley Orgánica de Municipalidades.

“Digamos que el nivel de respuestas de los alcaldes no ha sido homogéneo, es cierto que hay alcaldes que han tenido más iniciativas de lo que la autonomía constitucional les permite, pero me parece que hay otros que han estado preguntándose qué hacer y han reducido su participación solamente a entregar canastas. Eso evidencia que muchos de ellos no han tenido una visión más integral de cómo abordar el tema de la pandemia”.

En tanto, el experto en temas municipales Julio César Castiglioni aseguró que las municipalidades no estaban preparadas para asumir la pandemia, por lo que hubo un gran error en el manejo de la misma al hacerlo de forma directa. “En vez de apoyar causan más revuelo porque evidentemente al no estar (ellos) preparados y al no tener la formación suficiente. Las competencias de los gobiernos locales no pueden ver los temas relacionados con la COVID-19”, agregó.

Control concurrente en tiempos de COVID-19

La Contraloría General de la República (CGR) ha destacado la importancia del control gubernamental durante la emergencia, ya que permitió identificar y alertar a los gestores públicos sobre riesgos de corrupción, a fin de emitir oportunamente las medidas correctivas.

“En tiempos de ‘normalidad’, la corrupción y la inconducta funcional le robó al Estado más de S/ 23.000 millones, por ello era necesario actuar de manera preventiva desde el inicio de las transferencias de recursos a las entidades, y reforzar tanto el control convencional como activar de inmediato el control digital”, manifestó un vocero de la entidad.

Esto quedó registrado en un informe de cuenta que el organismo auditor difundió el último 23 de julio, en el que enfatiza la labor de los distintos equipos de auditorías a nivel nacional que realizaron los servicios de control en las modalidades de previo, simultáneo y posterior.

El texto también remarca como el control concurrente, mecanismo de custodia de los recursos del erario nacional en tiempo real, ha sido un factor clave para evitar posibles casos de corrupción. Para hacer posible su ejecución el presidente Vizcarra presentó el proyecto al Congreso el 27 de marzo, pero recién el 3 de abril fue aprobado y tres días después fue promulgado bajo el título de la Ley N° 31016.

Rospigliosi calificó como positivo el desempeño del control concurrente. “La idea del control concurrente es tener una Contraloría proactiva, que trabaje desde el comienzo y acompañe el proceso en la toma de decisiones para comprar y no cuando ya se cometió el acto de corrupción”, señaló.

¿Quiénes son los responsables y cuál será la sanción que recibirían los funcionarios implicados en irregularidades?

La CGR aseguró que los hechos identificados y detectados ya se encuentran en la Fiscalía de la Nación y que serán los encargados de definir los delitos y responsabilidades correspondientes.

Los especialistas coincidieron en que las faltas cometidas por malos funcionarios podrían ser tipificadas como peculado, colusión y malversación de fondos; a ello se suma que el castigo podría ser mayor a causa del actual contexto.

“La corrupción es mucho más terrible que el coronavirus. Los delitos por esto tienen penas muy grandes que aumentan cuando estamos en una situación de emergencia, la condena puede oscilar entre los 4 a 15 años, ya que ese mal funcionario está usando los bienes destinados a revertir los estragos de una pandemia”, alertó Rospigliosi.

Finalmente, Castiglioni resaltó la gran irresponsabilidad de las comunas por los actos irregulares. “El primer responsable es el alcalde por ser la autoridad administrativa ejecutiva. Segundo, el funcionario responsable de las áreas que en muchos casos no han hecho su trabajo correspondiente o a propósito cometieron irregularidades”, apuntó.