Desde el miércoles 1° de julio, las clases presenciales podrán reanudarse en 11.952 colegios públicos de zonas rurales con limitado acceso a medios de comunicación y libres de contagios por COVID-19, anunció el Ministerio de Educación (Minedu) en plena evolución de la epidemia a nivel nacional.
Sin embargo, del total de escuelas, esta medida solo se aplicará en aquellas que cumplan con condiciones mínimas, siendo una de ellas que el distrito, la comunidad o centro poblado donde estén ubicadas tengan cero casos y la provincia diez o menos en los últimos 14 días.
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Los colegios, además, deben ser alejados y pertenecer al quintil 1 o 2. En el primer caso, por ejemplo, su centro poblado o comunidad debe tener menos de 500 habitantes y una distancia de más de 2 horas de la provincia más cercana.
Estos primeros filtros, dice el Ministerio de Educación (Minedu), los cumplen 663 distritos con más de 11 mil colegios públicos, los cuales registran 160 mil escolares de primaria y otros 105 mil de secundaria.
La mayoría está en Ayacucho, Áncash, Puno, Huancavelica y Lima provincias.
El mecanismo aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 229 aparece dos meses después del inicio de la educación a distancia porque, según el Minedu, en ese periodo identificó comunidades con baja conectividad que no accedían al programa ‘Aprendo en casa’ y solicitaban clases presenciales.
Las potenciales escuelas deben cumplir otros criterios, los cuales, según expertos en epidemiología y salud pública como Eduardo Gozzer y Magaly Blas, resultan urgentes para no poner en riesgo a la población. Subrayan, además, la necesidad de reconfirmar que no haya casos, garantizar el acceso a pruebas, realizar cercos epidemiológicos, entregar materiales de protección y proveer agua. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se opone al plan, pues señala que el 89% de colegios rurales carece de servicios básicos.
Los docentes o directores deberán haber pasado la cuarentena en la misma comunidad y, antes del inicio de clases, someterse a pruebas de despistaje.
Esta sería una dificultad para regiones como La Libertad, según su gerente regional de Educación, Oster Paredes, quien dice que si bien en el ande liberteño y caseríos de Otuzco o Santiago de Chuco hay cero contagios, pocos docentes y directores viven ahí. "Solo 300 (10%) de los 30 mil viven o han cumplido su cuarentena en la zona".
Otro requisito será cumplir con las condiciones de salubridad y espacios adecuados. “Si la escuela tiene 10 estudiantes, se organizará en grupos de 5 y estudiarán en horarios diferenciados de manera interdiaria”, dice Nora Delgado, directora de Educación Intercultural Bilingue, Servicios Educativos Rurales y Educación Básica Alternativa del Minedu.
Para eso, agrega, las UGEL deberán garantizar que el colegio cuente con equipos de protección personal, materiales de limpieza, provisión de agua, entre otros puntos del protocolo que se publicará esta semana.
Esto ha sido cuestionado por el Sutep, el cual señala que la norma resulta precipitada e irresponsable, debido a que el número de contagios en el magisterio aumenta y hay colegios que ni siquiera tienen agua. Además, recuerda que las UGEL no han cumplido con la entrega de equipos de protección para el reparto de alimentos y libros. “Van 200 maestros muertos y muchos se contagiaron de Covid-19 en estas labores”, refiere su dirigente Lucio Castro.
Las clases presenciales deben ser autorizadas por la Dirección Regional de Educación, previa verificación y con la conformidad de las autoridades locales y organizaciones indígenas. "Pero si aparecen casos, automáticamente la escuela se cierra", dice Delgado.
Para la investigadora de la UPCH Magaly Blas, quien desarrolla proyectos en áreas rurales amazónicas, esto resulta viable solo si se cumple con todos los requisitos y se confirma que si no existen casos de COVID-19 esto no sea por falta de acceso a las pruebas. “Se requiere un tamizaje poblacional, no focalizado. Lo mismo para ingresar a la comunidad”. Agrega la importancia de impulsar la labor de agentes comunitarios y cercos epidemiológicos para supervisar todo.
Por su parte, el médico infectólogo Eduardo Gozzer dice que se debe garantizar la distancia física (2 metros), el uso de mascarillas, ventilación y, sobre todo, el acceso al agua y desagüe. También agrega la necesidad de que en la red de salud de estas zonas haya un equipo de vigilancia epidemiológica para detección temprana de casos y un equipo de respuesta rápida.
Caminantes. Se estableció que los docentes realicen caminatas de 15 o 20 minutos para llevar el servicio a los escolares que no viven en la misma comunidad.
Víctimas. En la selva docentes que repartían materiales y que, incluso, residían en las comunidades nativas se han contagiado de COVID-19. El sector dice que la nueva norma considera pocos distritos amazónicos y que en esas zonas mejorará su estrategia.
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Permisos. Ayer se publicó otro mecanismo para regular el ingreso de personal a institutos y universidades. “Si son zonas sin casos de COVID-19, hay que confirmar que esto no sea por falta de acceso a las pruebas”.
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