José Víctor Salcedo
Cusco
El 28 de marzo, dos semanas después de iniciada la cuarentena, el gobierno aprobó la entrega de canastas de víveres a las familias más pobres para sobrellevar la escasez de recursos. Encargó la tarea a las municipalidades y les transfirió entre S/ 50 000 y S/ 200 000 a la mayoría de comunas provinciales y distritales. Algunas otras, muy pocas, recibieron más de S/ 500 000.
No obstante, este reparto tuvo deficiencias. La Contraloría supervisó la compra y su distribución. Detectó que a nivel nacional 4212 funcionarios y servidores públicos que están en planilla recibieron estos alimentos que debían llegar a los pobres.
En las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna no fue la excepción. 777 asalariados se beneficiaron en forma indebida.
En la región imperial está el mayor número, casi el 30% de esa cifra, 239 funcionarios o trabajadores que, según la Contraloría, habrían recibido la ayuda humanitaria. Tacna es la región con menos casos: solo 39. El órgano contralor cruzó información de tres bases de datos estatales para detectar esta irregularidad: rendición de cuentas de municipalidades en el aplicativo de la emergencia sanitaria 2020, módulo de control de pagos por planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Para el exprocurador anticorrupción, Henry Delgado, fracasó la entrega de los víveres debido a la falta de “veracidad en los registros estatales”. “No han servido para darle soporte a los vulnerables (canastas) Por el contrario, hubo aprovechamiento, abuso y corrupción”, agrega.
La mayoría de funcionarios y servidores beneficiados con canastas ganan menos de S/ 3000. Hay un grupo de 120.
En Arequipa hay 23 en este grupo, de los cuales 3 ganan entre S/ 5001 y S/ 10 000. Dos son trabajadores o funcionarios de la Corte Superior de Justicia, uno del Ministerio Público y el restante en dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
En la región Apurímac, hay dos que perciben remuneraciones elevadas que fueron beneficiarios. Además un servidor de la Corte Superior de Apurímac, dos de Educación en Cotabambas y otros sirven en las redes de Salud y Educación y uno de la Universidad Nacional Micaela Bastidas.
En Moquegua aparecen como beneficiarios nueve funcionarios con sueldos que superan los S/ 3000 y hay otros dos que ganan hasta S/ 10 000 y otro que supera esa cifra. Cuatro trabajan en Educación de Ilo y Sánchez Cerro y dos en Salud.
En Cusco hay 33 con sueldos altos que recibieron canasta. Sus remuneraciones oscilan entre S/ 5001 y S/ 10000. En tanto, los demás laboran en el sector de Educación y Salud.
En tanto, en Puno y en Tacna todos ganan menos de S/ 3000. En la región altiplánica casi todos sirven en las dependencias del Gobierno Regional Puno, principalmente Educación, y uno es trabajador de la Universidad Nacional del Altiplano. Mientras que la región fronteriza con Chile, los funcionarios o trabajadores laboran en Salud y Educación y en la Zona Registral XIII de Sunarp.
La Contraloría General anunció que iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos, También entregó al Ministerio Público la información sobre los 4212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan.
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