Coronavirus en Perú. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) vuelve a estar en la mira de la Contraloría, tras detectarse una serie de retrasos en la ejecución del presupuesto destinado para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.
Esta vez, el Órgano de Control Institucional (OCI) detectó que la entidad no utilizó el dinero asignado para realizar un seguimiento prioritario a la población con mayor riesgo de contraer el coronavirus.
Según explica el informe n.°004-2020, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) transfirió S/305,350 al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) con la finalidad de contratar los servicios que se necesiten para implementar una red de soporte en favor del adulto mayor con alto riesgo y de la personas con discapacidad severa frente al COVID-19.
El 13 de abril, a través de la resolución ejecutiva regional n.° 000128-2020, el GRL transfirió el presupuesto a la Geresa para contratar personal de salud, pagarles seguro y comprarles kits preventivos; sin embargo, tras consultar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se advirtió que dicho dinero no fue ejecutado.
De acuerdo a la directiva n.° 005-2020 del Midis, la idea de la Red era brindar un paquete de servicios priorizados que incluye orientaciones para prevenir el contagio, identificación de signos de alarma para la infección por coronavirus, imunización (neumococo e influenza) y seguimiento de casos probables e investigación de contactos intradomiciliarios.
El órgano de control también advirtió que existe retraso en la ejecución del presupuesto transferido (S/168,530) para financiar la cremación o inhumación de las personas fallecidas con sospecha o diagnóstico de COVID-19.
Asímismo, también se detectaron retrasos para financiar acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para fortalecer los servicios de salud. En este caso, de los S/388,500 solo se utilizaron S/165,648 para adquirir insumos médicos, pero todavía no se han realizado cambios en los centros de salud para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.
Consultado al respecto, el responsable de la Geresa, Juan Ordemar Vásquez, sostuvo que se han contratado a más de 30 licenciados de Enfermería para prestar el servicio de soporte al adulto mayor y a las personas con discapacidad severa, por lo que cuestiona dicha observación de la Contraloría.
“El devengado va a ir aumentando de acuerdo a cómo se vaya gastando el presupuesto comprometido. Hemos utilizado la donación del 5% de nichos realizado por los camposantos. Ahora estamos haciendo convenio para utilizar ese presupuesto”, agregó el gerente.