El 3 de abril del año en curso, la Contraloría General de la República inició la supervisión en 254 municipios a nivel nacional para detectar presuntas irregularidades en la entrega de canastas a familias en condición de pobreza en el estado de emergencia por el coronavirus.
En las regiones del norte se intervino en 49 municipalidades, y de ese total el 50 % —a la fecha— se encuentra en fase implementación de los procesos para la adquisición de productos, a pesar de que el 30 de marzo el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la transferencia de 213 millones de soles a los gobiernos locales para la compra de artículos de primera necesidad. Los municipios no habrían mostrado eficiencia en el desarrollo de los procedimientos.
En Lambayeque se recopiló información en 15 municipalidades; en las regiones de Áncash y Amazonas, en 10 entidades, respectivamente. En tanto, en Piura, en cuatro comunas e igual número en La Libertad.
Respecto a la región lambayecana se intervino en las municipalidades provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe; además en los municipios distritales: Olmos, Pítipo, Túcume, Mochumí, Motupe, entre otros.
En este contexto, la Contraloría informó que la mayoría de ayuntamientos implementa el proceso de compra, mientras el 35% registra demora no solo en la adquisición de víveres, sino también en la convocatoria de los procedimientos y en la elección de proveedores, situación que se complica con el incumplimiento de las empresas en la entrega de productos.
Asimismo el 9 % realiza una deficiente distribución de los alimentos. Incluso se verificó la falta de padrones de beneficiarios y padrones desactualizados. Y el 6% registra ineficiencia en el almacenamiento y sus locales no son adecuados para este fin.