La distribución de canastas con víveres a las poblaciones más vulnerables de la provincia de Trujillo (La Libertad), afectadas por el aislamiento social obligatorio para evitar el avance del coronavirus y que no han recibido el bono de 380 soles ni pensión 65, no está llegando a la velocidad que se requiere.
Según la Contraloría General de la República, las municipalidades de Trujillo y Víctor Larco Herrera están retrasados en la adquisición de los productos alimenticios y en el reparto de los mismos debido a que no cuentan con un padrón de beneficiarios.
“Nos hemos reunido con los funcionarios y ellos se han comprometido a más tardar la próxima semana en entregar las canastas”, aseguró el gerente regional de Control de La Libertad, Rony Rubina.
Una situación totalmente distinta se presenta con los gobiernos locales de El Porvenir y La Esperanza, que sí han avanzado en la entrega de la ayuda a las familias más pobres. El Porvenir ha recibido 1 millón de soles y entregará unas 15,000 canastas.
Hay que precisar que los ayuntamientos están obligados a publicar el padrón de beneficiarios y la lista de productos que reparten en la página web del ente auditor.
Esta acción se realiza en el marco del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020, que se inició la semana pasada con el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente de esta ayuda, el almacenamiento y la distribución hacia las familias que lo necesitan.
De manera general, el acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitieron detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles para adoptar las medidas correctivas que sean necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.
Los hechos detectados están asociados a la personalización de las canastas, la relación del precio con la cantidad de productos, al sistema de almacenamiento, distribución, entre otros aspectos, que han sido desarrollados por la Contraloría en los lineamientos que son de conocimiento público y que vienen siendo reiterados a las autoridades ediles.