Ysela Vega Huayambal
Lambayeque. En la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) solo en el 2012, específicamente en la gestión del entonces alcalde Roberto Torres Gonzales, hoy preso en el penal de Chiclayo por hechos de corrupción, se otorgaron 50 puestos de trabajo por herencia laboral en virtud a los cuestionados pactos colectivos, lo que conllevó a omitir el concurso público conforme a la ley.
Erika Araujo Gonzales, gerente de Recursos Humanos, señaló que los servidores ediles tienen la condición de permanente y forman parte de la planilla única de remuneraciones. Empero, advirtió que el número de beneficiarios sería mayor, debido a que el tema de herencia laboral forma parte de los acuerdos firmados entre el Sindicato de Obreros con el ayuntamiento desde 1981.
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Con la resolución n.° 403, el exburgomaestre Roberto Torres autorizó la incorporación en la planilla única de remuneración a 50 herederos (hijos) de ex trabajadores municipales, los que de acuerdo al documento “deben realizar labores de barrido y gozar del sueldo mínimo”, medida que no se cumpliría en la práctica. Araujo Gonzales afirmó que existen servidores que cambiaron de área laboral, incluso realizan labores administrativas y por ende el sueldo es mayor.
Si bien el secretario general del sindicato de obreros, Bibiano Carrasco Llajas, en más de una oportunidad aseguró que no exigen el cumplimiento del acuerdo por herencia laboral, el acta final del último pacto colectivo firmado el 11 de mayo de 2018 lo desmiente, pues considera la incorporación a la planilla laboral al hijo, esposa u otro familiar en caso el obrero se jubile, fallezca o se le declare incapacidad física permanente.
En este contexto, el 10 de febrero de este año, Óscar Renato Gutiérrez Gutiérrez solicitó la vacante de trabajo que dejó su tío Isaías Cotrina Lobato, quien fue cesado por límite de edad. En este mes, hizo lo mismo Gustavo Ibáñez Carrasco, quien pidió trabajar en el puesto que desempeñó su padre Adolfo Ibáñez Castillo.
Respecto al tema, la gerente de Recursos Humanos sostuvo que se declaró improcedentes las solicitudes, al sostener que conforme al DL n.° 1057, el acceso al servicio civil debe ser por concurso público para garantizar la igualdad de oportunidades en la municipalidad.