José Víctor Salcedo
La Contraloría identificó a 185 malos funcionarios y servidores públicos que habrían incurrido en responsabilidad administrativa, penal y civil.
Estos malos servidores cometieron 133 faltas administrativas, 68 civiles y 83 penales. En algunos casos tienen dos o tres tipos de responsabilidades.
El conjunto de malos trabajadores no veló por el buen uso del presupuesto del Estado, lo que generó un perjuicio de S/ 7 085 000 en varias entidades públicas de la región Cusco.
Los servidores y funcionarios del Estado incurren en una falta que engendra responsabilidades cuando al incumplir sus funciones por dolo u omisión, ya sea con carácter inexcusable o leve, ocasionan un perjuicio económico a la entidad para la que trabajan. Por ejemplo, hay actuaciones como no observar un concurso mal realizado, no advertir una irregularidad en un proceso de licitación, entre otros.
Sin embargo, no se sabe cuántos de los 185 funcionarios con algún tipo de responsabilidad por su mala actuación han sido sancionados.
Desde que el Tribunal Constitucional (TC) le arrebató la capacidad sancionadora a Contraloría, esta entidad solo hace recomendaciones y son las entidades afectadas las encargadas de iniciar los procesos sancionadores.
Muchas veces el Estado ignora los informes de Contraloría. Solo un ejemplo: los nueve funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones involucrados en una “mafia” de entrega de brevetes siguen laborando en esa entidad del Gobierno Regional de Cusco.