
Luis Álvarez Guevara
La representante de la Comisión de Juristas de Cusco, Tika Luizar Obregón, informó que el pasado 30 de diciembre venció el plazo para que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) remita el informe técnico para ejecutar la demolición del hotel Four Points By Sheraton y restituir los andenes incas, afectados por la construcción de siete pisos y dos sótanos. Sin embargo, el ente cultural no cumplió con la disposición de la Corte Superior de Justicia.
"Un día después de la fecha límite, presentamos ante el juzgado un recurso de apercibimiento de multa. En ese mismo escrito también consignamos una petición de amonestación como la destitución y proceso penal para los funcionarios que resulten responsables”, citó la abogada.
Este recurso fue dirigido contra las instituciones coacusadas como la DDCC y la Municipalidad Provincial de Cusco, así como a la empresa Inmobiliaria R&G, que edificó el hotel.
Para Luizar Obregón, las tres entidades tendrían una intención solidaria de dilatar la demolición de la infraestructura ubicada en la calle Shapy del Centro Histórico de Cusco.
“Consideramos que no se pueden burlar de una sentencia constitucional. Esto nos hace presumir que se intenta favorecer a la empresa y la construcción finalmente no sea derruida”, refirió.
La letrada explicó también que tanto el municipio como la empresa debieron facilitar documentación al ente cultural para la realización del expediente que debe establecer cómo y en qué tiempo se realizará la demolición, además para la restitución de los muros y andenes incas destruidos.
“Cultura debe cumplir el mandato judicial y no cuando le dé la gana, el plazo ha sido más que suficiente. Según el artículo 22 y 59 del código procesal constitucional, corresponde la ejecución forzada como la multa y de continuar la negativa, la destitución y proceso penal”, agregó Luizar Obregón.
De otro lado, la fiscal superior Rocío Zevallos Huayhua declaró nula la disposición del despacho Anticorrupción del Ministerio Público, a cargo de Gloria Soto Jara. Esta ordenaba archivar por prescripción la investigación contra exfuncionarios y exservidores de la Municipalidad del Cusco y de la Dirección Desconcentrada de Cultura, por los presuntos delitos de atentado contra el patrimonio y omisión de funciones. Como se recuerda, ellos aprobaron el expediente técnico y otorgaron la licencia para la construcción del hotel Sheraton.
Además, la magistrada Zevallos Huayhua ordenó a Soto Jara la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra los 75 denunciados. Los imputados son 40 de la Dirección Desconcentrada de Cultura, 26 de la comuna provincial y 9 de la empresa Inmobiliaria R&G.





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