Aún hay barreras que generan desigualdad económica entre mujeres y hombres

El Perú pierde más de un tercio del PBI (37%) debido a la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer el trabajo interinstitucional por parte del Estado, en coordinación con el sector privado, a fin de superar las barreras que generan impactos económicos y brechas laborales que afectan, principalmente, a las mujeres.

Según un informe de la referida institución, las brechas de género en ingresos entre mujeres y hombres alcanzaron valores que llegan hasta un 65% en aquellos grupos que cuentan con menores ingresos.

Estas cifras se retroalimentan con las brechas en cuanto a la asignación del trabajo doméstico no remunerado (TDNR), lo que perpetúa la condición de vulnerabilidad de las mujeres frente a sus pares masculinos.

También se evidenció que la informalidad laboral tiene un efecto negativo que afecta un 64% de los ingresos que las mujeres perciben.

Así, el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo destaca, también, que el Perú pierde más de un tercio del PBI (37%) debido a la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres (si se considera a la población económicamente activa proyectada al 2014).

Además, se ha constatado que se deja de recaudar un promedio de entre S/ 1000 y S/ 350 por impuestos de 5ta y 4ta categoría respectivamente por cada mujer en edad de trabajar que se ve afectada por la brecha de género al desarrollar trabajo doméstico no remunerado o por estar inmersa en la informalidad.

En los sectores formal e informal, aún persisten diversas barreras, una de las cuales es la concepción por parte de las y los empleadores de la gestación y tenencia de hijos como obstáculos para acceder al trabajo. Sumado a ello, el entorno laboral lleno de estereotipos acerca de la función de las mujeres y la visión sexista sobre sus carreras y ocupaciones incrementan el número de barreras que encuentran al intentar insertarse al sector formal.

Añadido a ello, el acoso sexual laboral es reconocido y experimentado, en especial por las trabajadoras informales que trabajan en casas o en las calles; sin embargo, no se denuncia ante un preocupante grado de tolerancia por parte de la sociedad.

Por ello, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Sunafil fortalecer los mecanismos de inspección y recoger información sobre los distintos tipos de violencia en el ámbito laboral desde un enfoque de género.

Asimismo, exige un trabajo conjunto por parte del Estado (a través de todas sus instancias) y el sector privado formal para generar políticas públicas que permitan responder a las barreras identificadas e incluyan a las mujeres en el mercado.