Arequipa: Investigan cambio de uso de terreno en favor de Universidad San Ignacio de Loyola

Fiorella Montaño

El exalcalde Alfredo Zegarra y su exfuncionario José Toranzo serán enjuiciados por el delito de otorgamiento ilegal de derechos, al favorecer la construcción de la Universidad Continental en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La historia es conocida. Durante la sesión del 31 de diciembre del 2014, Zegarra pidió a los regidores votar por la intangibilidad del parque zonal de Arequipa, cuando en realidad lo hacían a favor de aprobar cambios de zonificación de áreas agrícolas a urbanas.

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La historia se repite, pero son otros los protagonistas. La Fiscalía del Medio Ambiente investiga un presunto favorecimiento para la futura construcción de la sede de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) en Arequipa. Los hechos también ocurrieron en fechas cercanas a Navidad y fin de año.

El 24 de diciembre del 2018, la exalcaldesa de Arequipa, Lilia Pauca —quien sustituyó a Zegarra para que postule al cargo de gobernador—, convocó a una sesión de concejo para tratar el “reconocimiento del acto administrativo recaído en la Resolución Subgerencial 191-2012-DJH/SGDU de la Municipalidad Distrital de Hunter”. Esta, en la práctica, se trata del cambio de zonificación, de agrícola a urbana, del área donde se construirá la nueva sede de la USIL.

Resolución ilegal

En 2015 el exsubgerente de Desarrollo Urbano de la municipalidad de Hunter, Julio Santisteban Lovaton, y el exjefe de Obras y Habilitaciones Urbanas, Aldo Ballón Medrano, fueron sentenciados por el delito de otorgamiento ilegal de derechos. En el juicio, admitieron su culpa por emitir la Resolución Subgerencial 191-2012-DJH/SGDU, esa misma que fue ratificada por la municipalidad de Arequipa seis años después.

Fueron sentenciados porque la resolución señala que el terreno de 2.8 hectáreas, ubicado en el callejón Chichas (Hunter) y frente al Club del Abogado, tiene zonificación urbana y no agrícola, de acuerdo al Plan Director de Arequipa Metropolitana (2002-2015). Por ello, se aprobó su habilitación urbana de oficio.

Sin embargo, esto no era cierto. La verdad era que el Plan Director consideraba este predio como zona agrícola. Tras la sentencia, la comuna de Hunter inició un proceso judicial en 2016 para declarar ilegal la norma. El juicio aún no concluye.

Este terreno pertenecía al Arzobispado de Arequipa y fue comprado por la USIL en junio del 2016 por S/ 1 800 000. Los nuevos dueños dieron un impulso a la obtención de la habilitación urbana. En 2017 solicitaron a la Municipalidad Provincial de Arequipa el cambio de zonificación del predio para poder construir su sede, además del reconocimiento de la Resolución Subgerencial 191-2012 de Hunter.

Cabe recordar que, desde octubre de 2017, el Poder Judicial admitió una medida cautelar que prohíbe el cambio de uso de zonas agrícolas a urbanas en Arequipa. Mediante una resolución gerencial del 9 de octubre de 2017, el Instituto Metropolitano de Planeamiento (Impla) de la comuna provincial negó el cambio de uso, pero reconoció la Resolución Subgerencial 191-2012 de Hunter.

Al hacer esto último, el Impla sí otorga el cambio de uso y ordena la modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa. En el PDM, el predio aún era considerado agrícola. Según indica su resolución, el propio Impla dice que cometió un error al considerar el terreno como agrícola en el PDM, al existir la resolución subgerencial de Hunter.

Este informe dio pie a la sesión de concejo del 24 de diciembre. Aquella votación fue atípica. Más de 10 regidores se abstuvieron. Solo los concejales Ricardo Medina y Fernando Figueroa votaron a favor. Con dos votos fue aprobada la Ordenanza 1137, publicada el 28 de diciembre.

Por todo esto, se inició investigación contra Lilia Pauca, Francisco Ampuero (exgerente del Impla), Nivardo Cárdenas Valdez, Luis Hidaldo Ortiz (exsecretario general), Walter Aguilar Vidal, José Zúñiga Flores y los que resulten responsables.

Exregidor da descargo y USIL no se pronuncia

El exregidor Ricardo Medina señala que esta resolución del Impla fue un informe técnico que tomó en cuenta para votar a favor de la ratificación de la Resolución 191-2012 de Hunter. No tuvo conocimiento de la sentencia en contra de los exfuncionarios distritales por emitir esa norma. Dijo que hay un informe legal de la Procuraduría, que explica que aprobar la ratificación no vulnera la medida cautelar.

Con la ordenanza, la universidad realizó trámites para empezar a construir. La República contactó con USIL, para que emita sus descargos sobre la investigación fiscal, pero al momento no responde el cuestionario enviado.