Robert Orihuela. Enviado especial
Victoriano Huayna salió de su casa de madrugada. Era el 22 de abril de 2015. En el valle de Tambo, ese año, nuevamente se encendieron las protestas tras la decisión del Gobierno de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
Victoriano debía regar su chacra, ubicada cerca a Pampa Blanca, mas ahí se desató una batalla campal entre policías y manifestantes. Cuando Victoriano regaba, una bala lo impactó en el glúteo derecho y comprometió la arteria femoral. Eso le provocó la muerte debido una hemorragia incontenible.
Su hijo, Beto, ahora lo visita en su tumba, en el cementerio del distrito de Cocachacra (Islay). Es Día de Todos los Santos y él llega con flores. Lo acompañan familiares y amigos. Mientras limpia la tumba y echa agua a los floreros, otros colocan una nueva bandera de “agro sí, mina no” en la cabeza de la sepultura.
En la tumba, Beto coloca una botella de Fanta. “Le gustaba su gaseosa y cocinar para nosotros”, explica Beto, el segundo de cinco hijos que Victoriano debió criar solo. Su esposa murió, cuando el último tenía apenas tres años. Ahora todos son adultos y son agricultores como Victoriano.
Beto y sus hermanos también apoyan las protestas contra Tía María. Beto admite que la resolución del Consejo de Minería los agarró por sorpresa. Intentaron reaccionar, pero el feriado largo los perjudicó.
“¡Ojo!, no nos rendimos. El pueblo de Tambo está cansado, sí, pero eso no significa que desmayamos o retrocedemos en nuestra lucha”, advirtió a su turno Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.
Cornejo hizo un acto simbólico para rechazar la decisión del Consejo de Minería. Le prendió fuego a una copia de la resolución que ratifica la licencia para el proyecto minero. “Es vergüenza nacional”, aseveró.
Cornejo señaló que ya coordinaron con el gobierno regional para ir por la vía judicial. Una salida es presentar una medida cautelar para paralizar el proyecto minero por tiempo indefinido. Aún así, el lunes decidirán el rumbo de las protestas.
En tanto, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, llegó a Arequipa para anunciar que un equipo de la OEFA se encuentra en Islay para inspeccionar las áreas donde se desarrollará el proyecto.
Para Cornejo, la presencia de las autoridades ambientales no cambia en nada la situación. “No vemos la necesidad si no ha iniciado aún el proyecto minero. Deberían verificar la contaminación que nos producen desde Moquegua”, indicó el presidente de la Junta de Usuarios.
En tanto, el gobierno regional denunció que la ministra Muñoz no permitió que la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA) acompañe a la OEFA. Esto, dijeron, quita transparencia al acto. Aún así, el jefe del ARMA, Carlos Santos Roque, viajó a la zona.
Nada de esto cambia la tregua que se ha dado. La gente que quiere llegar para visitar a sus muertos tiene el pase abierto desde El Fiscal hasta Cocachacra. Incluso salen minivanes hacia Arequipa. También hay pase desde la zona de La Curva, en el distrito de Deán Valdivia, y hacia Punta de Bombón.