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Sociedad

Madres de mujeres asesinadas se unen para exigir condenas más severas contra feminicidas

Madres y hermanas de víctimas de feminicidio reclaman que asesinos no se acojan a beneficios penitenciarios. Ellas luchan contra la impunidad y exigen asistencia psicológica para todos los miembros de las familias.

Madres y hermanas de víctimas de feminicidio exigen justicia y condenas más severas para asesinos. Foto: ONG Manuela Ramos
Madres y hermanas de víctimas de feminicidio exigen justicia y condenas más severas para asesinos. Foto: ONG Manuela Ramos

Estéfany Luján

Madres que extrañan a sus hijas víctimas de feminicidio, que piensan en ellas todos los días, que añoran sus risas y sus confidencias. Madres que deben sobreponerse a la idea de que sus hijas fueron asesinadas con ensañamiento por hombres en los que algunas vez ellas confiaron y amaron. Cansadas de la lentitud del sistema de justicia ellas unieron sus voces y conformaron el colectivo “Ni una asesinada más: Familias unidas por la justicia”. ¿Cuáles son las luchas de estas valientes?

Desde febrero de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) puso en marcha la estrategia “Te acompañamos”, a cargo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), que busca llevar un registro detallado de las víctimas indirectas de los feminicidios: menores que quedan en la orfandad y adultos mayores que dependían de sus hijas.

Valientes mujeres crearon colectivo para luchar por justicia. Foto: ONG Manuela Ramos

Este programa articula y coordina el apoyo de las diversas entidades del estado para brindar el soporte psicológico y social a los menores, pero para las 13 madres y hermanas que conforman este colectivo creen que no es suficiente, ya que el devastador trauma se extiende hacia todos los miembros de la familia.

En tiempos en los que la salud mental se ha convertido en un tema imprescindible, estas mujeres reclaman asistencia psicológica para todo el núcleo familiar, ya que esta se brinda solo para dar contención de emergencia y solamente es continua cuando hay menores involucrados.

Quienes reciben a La República, son cuatro madres y una hermana. Ellas son Magali Aguilar, Sandy Evangelista y su madre, Carmen Mendoza, y Agripina Solis. Las dos primeras son las voceras de este movimiento que nace del dolor y lucha por la justicia.

Sandy explica que buscan que se modifique la estrategia “Te acompañamos” para que la asistencia psicológica se brinde a hermanos, madres y padres de las víctimas de feminicidio. La tragedia cambia drásticamente sus vidas y ellos no saben cómo enfrentar este dolor.

Como en el caso de Magali Aguilar, una de las voceras del colectivo. Era muy unida a su hija Sheyla Torres y cuando ella fue asesinada en marzo del 2018 por Romario Aco Rodriguez , el drama sobrevino sobre su familia.

Su hija mayor dejó de estudiar, fueron desalojados y su hijo menor, aún adolescente, ha caído en depresión.

Ellos, en más de un año, no han recibido el soporte psicológico necesario. Y además de lidiar con el dolor de perder a su hija enfrenta el hecho de que el asesino de Sheyla intenta rebajar la condena de 15 años a la que fue sentenciado.

Quince años que esta madre considera insuficientes, debido a la violencia con la que el asesino ejecutó a Sheyla, una joven de apenas 19 años que fue degollada, una joven que soñaba con ser obstetriz y ayudar a traer vida.

Cadena perpetua para los feminicidas

Por casos como el de Sheyla Torres es que el colectivo también lucha para que las condenas a los feminicidas sean más severas. Al menos 35 años de prisión o cadena perpetua, para dar alivio a los familiares que exigen justicia.

“Nosotras como madres tenemos una pérdida irreparable. No nos parece que esos tipos salgan porque vayan a pagar reparación civil o porque el juez les dio diez años o 20 años. Nada nos va a devolver a nuestras hijas”, señala con indignación Magali.

Además, explica el drama que vive por culpa de un feminicida, pues este se acogió a la confesión sincera y, por ello, obtuvo 15 años de prisión, además de que su defensa alegó que solo contaba con 19 años cuando cometió el cruel asesinato.

“Creen que como ellos están vivos aún se pueden reinsertar a la sociedad”

“La justicia les da beneficios porque pueden hacer una confesión sincera porque narran los hechos como ellos, incluso hablando mal de la víctima. También se acogen a la terminación anticipada y así logran una reducción de la pena”, según explica Sandy Evangelista, quien perdió a su hermana en el 2006, a manos de un asesino que fue sentenciado a 28 años, quien, luego, logró obtener una rebaja a 20 años de prisión.

Ella cree que el sistema de justicia debe tomar en cuenta quiénes eran las víctimas y no quiénes son los asesinos. “A quién están dejando las víctimas por culpa de este asesino que arma todo con una saña, con una premeditación cruel”, exclama Sandy.

“Nosotras luchamos para que el gobierno sea más duro y los condene a cadena perpetua. Nosotras vamos a vivir toda la vida con este dolor. No debe haber beneficios para estos asesinos”, concluye Magali.

Mujeres exigen cadena perpetua para feminicidas. Foto: GLR

Sistema de protección ineficiente

A sus 57 años Carmen Mendoza reclama justicia por su hija Stephanie Flores, quien a sus cortos 20 años fue estrangulada por su expareja José Luis Falcón Gutiérrez (30), que terminó entregándose en una comisaría Sol de Oro de Los Olivos.

Un mes antes de su muerte, Stephanie denunció una tentativa de feminicidio en la comisaría, pero lejos de ayudarla un error hizo que la denuncia se consignara por abandono de hogar, según su madre. Un error y abandono que costó una vida.

“Todo el sistema falla”, exclaman al unísono al oír a esta madre apesumbrada por la muerte de su hija y por la lentitud de la justicia.

“Los feminicidas prófugos deben ingresar de forma inmediata al sistema de recompensas del Ministerio del Interior. Cerrar fronteras para que no huyan y deben ser buscados intensamente”, reclaman estas mujeres, entre las que se halla Agripina Solis, la madre de Ruth Puertas, asesinada a balazos por el padre de su hija.

El crimen ocurrió en julio de este año y desde entonces Christian Alberto Sánchez Coico se halla prófugo. Recién hace dos semanas ingresó al sistema de recompensas, hoy ofrecen 20 mil soles por información que ayude a dar con su paradero.

“Pedimos la real justicia y los servicios básicos. Son los derechos que nos pertenecen”, exigen. Luchan por todas, a pesar de la tristeza y la pérdida.

El dato

Aquellas familias que quieran unirse al colectivo pueden contactar a estos números: 994 433 041 / 950 184 163

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