El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia respaldando la solicitud de la Defensoría del Pueblo que indica la atención médica oportuna y de calidad para pacientes que padecen problemas de salud mental.
Resolución se publicó luego de que un ciudadano con esta afección, de iniciales M.H.F.C, denunció haber sido víctima de una inadecuada atención durante 10 años. Por ello, se instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Salud a hacerse cargo de la situación.
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A febrero de este año, de 114 583 internos, 457 sufren problemas de salud mental, según el Instituto Nacional Penitenciaria (INPE), entidad que solo cuenta con un psiquiatra a nivel nacional, según la Defensoría del Pueblo.
La falta de protocolos para la detección y tratamiento en salud mental estarían causando una cifra oculta en esta población. El Ministerio de Salud precisó que uno de cada tres peruanos o peruanas sufre algún problema de este tipo.
El único profesional de la salud mental del INPE solo ayuda a los reos a que se reintegren en la sociedad, pero no trabaja estrategias para prevenir o atender problemas de este tipo.
Se advirtió que 23 personas privadas de su libertad en los penales con medidas de seguridad prolongadas no son atendidas en salud mental por falta de cobertura de los servicios de salud.