La ley del libro en debate

Eduardo Ugarte

Periodista

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Miryam Yepes, directora de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, ante la Comisión de la Ley del Libro del Congreso, dijo el viernes que se habría dejado de recaudar casi 270 millones de soles por los beneficios tributarios a las editoriales, y que estos “no se habrían traducido en una reducción de precios”. Esto lo dice cuando se acerca el 11 de octubre, fecha en que dejará de tener vigencia esta ley que pone al libro en el mercado con el 18% menos, al no pagar IGV.

Por el cargo de la informante, se explica que vea como “pérdida” en la recaudación de impuestos los 270 millones desde la vigencia de la ley en el 2003, pero, por el fin de la disposición, ¿por qué no se ven como un aporte a la producción del libro y el estímulo a la lectura los 270 millones no tomados de los bolsillos de los lectores? Parece poco para el Estado en 16 años de no gravar el libro.

Según el Ministerio de Cultura, en el país, se lee menos de un libro al año por persona, pero los que acostumbran leer consumen de dos a tres libros por mes. Como dato de la Cámara Peruana del Libro, en el 2000, se publicaron 2 001 títulos en el Perú y, seis años después, se triplicó esta cifra al llegar a 6 463 títulos. Hoy, con exitosas ferias, el número debe ser mayor, pues el crecimiento de esta industria cultural es sostenido.

Sin embargo, el MEF pide mantener la ley solo por tres años más y no diez como plantea el Congreso. “Se puede reformar el reintegro tributario para las pequeñas editoriales y no para todas, porque sino estamos desperdiciando recursos públicos. [...] De las 50 empresas que pidieron el beneficio del reintegro tributario, el 2.5% se lo llevaron 21 empresas, que sí las queremos beneficiar; pero no a las grandes editoriales, porque producen libros escolares que no tienen influencia sobre el hábito de la lectura”, explicó Míriam Yepes sin considerar el costo del libro escolar y sus consumidores (La República 06/09/19).

Editores, libreros y lectores, esperamos una mejora en la ley a favor del consumo del libro -por la necesidad de educación en el país- y no una reducción en los beneficios para su producción.