Con la orden de detención de Salatiel Marrufo Alcántara, Abel Cabrera Fernández y Segundo Sánchez Sánchez, quienes se suman al encarcelado alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, son cuatro los financistas de la campaña presidencial de Pedro Castillo implicados en un esquema de corrupción que se benefició con la repartija de obras públicas del Ministerio de Vivienda y Construcción.
El juez Víctor Zúñiga Urday dispuso la captura de los financistas de Pedro Castillo, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, acreditó que el jefe de Estado y los detenidos montaron una organización criminal para recuperar el dinero invertido especialmente durante la segunda vuelta.
Como parte del acuerdo delictivo, el grupo de inversionistas, también conocido como Los Chiclayanos, lograron que el presidente Castillo designe a Geiner Alvarado López, íntimo amigo de Salatiel Marrufo y Abel Cabrera, como ministro de Vivienda, y del mismo Marrufo, como jefe de asesores del mismo despacho. Estas personas también eran conocidos como el Buró Político del Presidente.
La investigación del equipo especial apunta a demostrar que el presidente Castillo emitió el Decreto de Urgencia 102-2021, el 29 de octubre de 2021, para financiar un conjunto de obras públicas del Ministerio de Vivienda, entre las que se encontraban una veintena digitadas por sus financistas, también conocidos como Los Chiclayanos.
Los alcaldes coludidos, como Nenil Medina, luego adjudicaban las obras a empresarios corruptos que pagaban un soborno de 10% sobre el total de la obra.
De los siete casos que enfrenta Pedro Castillo, el más grave está relacionado con el direccionamiento de obras públicas a los empresarios que financiaron su campaña electoral, porque con su puño y letra firmó expresamente un decreto para financiar las obras que estos querían.
Los financistas del presidente Castillo estaban desesperados por recuperar su dinero.
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El 20 de agosto de 2021, a instancias de Geiner Alvarado y de Salatiel Marrufo, la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, fue conducida a un departamento en Surquillo, donde lo esperaban la crema y nata de Los Chiclayanos: el alcalde Nenil Medina y los empresarios Segundo Sánchez Sánchez -el dueño de la casa del jirón Sarratea- y Abel Cabrera Fernández, quienes, además, actuaban como “asesores” en la sombra del presidente Castillo.
Elizabeth Añaños declaró ante las autoridades que Salatiel Marrufo la presionaba para que incluyera en el programa Perú en Marcha un listado de 20 proyectos de obras públicas de interés de Los Chiclayanos por un monto cercano a los 70 millones de soles. Añaños renunció al Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, el plan criminal continuó en marcha.
El 29 de octubre de 2021, el presidente Castillo y el ministro Geiner Alvarado suscribieron el Decreto de Urgencia 102-2021, autorizando el financiamiento de obras públicas entre las que se encontraban las 20 que Los Chiclayanos exigían como compensación por el apoyo económico a la campaña electoral del jefe de Estado.
Decreto Urgencia
Decreto Urgencia
Los proyectos fueron adjudicados a empresas que eran parte de la red criminal. Uno de los empresarios favorecidos, Hugo Espino Lucana, confesó que el alcalde de Anguía, Nenil Medina, le indicó que la coima a cambio de la adjudicación de un proyecto de infraestructura pública era del 10% respecto al monto total. Efectivamente, Espino desembolsó el dinero a Medina.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, postulará que el jefe de Estado, Pedro Castillo, al emitir el Decreto de Urgencia 102-2021, estaba en pleno conocimiento de que la norma beneficiaría a los empresarios que financiaron la campaña de la segunda vuelta.
Según el mandato judicial de detención alcanza a:
Segundo Sánchez Sánchez
Abel Cabrera Fernández
Salatiel Marrugo Alcántara