Según la última encuesta de IEP de agosto de 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene una aprobación de 21%, que es mayor a junio de 2022. En esa línea, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, subrayó que este resultado es a consecuencia del acercamiento del mandatario con el peruano de provincia en su afán de sobrevivir en el cargo por mandato popular.
La autoridad regional lamentó que la crisis política y social esté en aumento y con serios enfrentamientos con el Congreso de la República, que tiene una alta desaprobación con 85%. En ese contexto, enfatizó que el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo pasan la factura al pueblo, incluso a sus entidades, como el Poder Judicial y el Ministerio Público.
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El también presidente de Acción Popular manifestó que los cuestionamientos del Parlamento y las acciones legales que se han iniciado contra el entorno más cercano de Pedro Castillo han generado que su aprobación incremente. “Los consejos descentralizados de ministros, los bonos alimentarios, el acercamiento con los diferentes actores de sociedad civil —entre ellos, dirigentes sociales y reservistas—, hasta incluso el mensaje de victimización, han originado un mayor respaldo al mandatario”, expresó Guevara.
Crisis. Guevara alerta que en Perú se consolida la anomia, la apatía y desorganización social.
Agregó: “El peruano de las provincias, de las zonas urbano marginales y rural, se identifica con Pedro Castillo; es decir, sienten que cuando lo atacan, los atacan a ellos. “La estrategia que aplica le trae resultados positivos, aun cuando la realidad en nuestro país sea otra, pues su objetivo es sobrevivir como presidente del país”, advirtió.
Asimismo, precisó a La República que tanto el mandatario y los legisladores se niegan a dejar el poder, lo cual se denota en el rechazo de un adelanto de elecciones generales. “Ninguna de las partes quiere dar el primer paso para un nuevo proceso electoral por intereses que no lindan con el bienestar común”, aseguró.
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No obstante, advirtió que el pueblo, por ahora, se mantiene tranquilo; sin embargo, esta situación, afirmó, podría cambiar si los intereses de los peruanos que viven en condición de informalidad —que superan el 80%— son afectados.
“Si la crisis alimentaria empeora o el precio del combustible aumenta, entonces, sí podría desencadenarse un conflicto social que sería perjudicial para todos”, subrayó.