Pedro Castillo no pudo evadir interrogatorio de Comisión de Fiscalización

La pregunta que más de un lector seguramente quiere hacerle al presidente Pedro Castillo es por qué incluyó en su equipo a personas tan cuestionadas, poco preparadas y sin deseos de contribuir a un buen gobierno como Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno; Karelim López, una muy activa gestionadora de intereses particulares en el Estado; Juan Silva, exministro de Transportes, compañero de colegio chotano del mandatario y hoy prófugo de la justicia, acusado de integrar una presunta organización criminal en el MTC; o Zamir Villaverde, expulsado y degradado en la FAP, exreo, amiguísimo de los sobrinos del presidente; entre otros.

Pero será la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso la que tomará las declaraciones de Castillo. El grupo de trabajo, presidido por el fujimorista Héctor Ventura, llegará a la Casa de Pizarro mañana lunes 27 para interrogarlo, desde las 9:30 de la mañana.

Fuentes consultadas al interior de Palacio indican que no le fue fácil a Castillo aceptar a los legisladores con su batería de preguntas. Hasta último momento, un sector del entorno presidencial prefería evitar el riesgo de la confrontación, aferrándose al argumento de que Castillo no puede ser investigado por el Congreso por causas distintas a lo indicado en el artículo 117 de la Constitución.

Otros señalaron que iba a ser en vano porque en el grupo parlamentario prevalece un ánimo incriminatorio y citaron como ejemplo las declaraciones de Ventura, “tenemos pruebas fehacientes que conllevan a la comisión de delitos... no solo son dichos”, “tenemos suficientes elementos de convicción y medios probatorios que nos llevan a esta organización criminal”, “todas las investigaciones conllevan a la presunta participación del presidente Castillo”.

Otra opinión palaciega indicaba que la comisión “busca el show”, por eso insistía en que el interrogatorio sea público.

Y desde la defensa legal del jefe del Estado se opinaba que bastaba la declaración hecha ante la Fiscalía, además que la Comisión de Fiscalización no debió variar la calidad de Castillo de testigo a investigado, pues sí había respondido al grupo de trabajo, pidiendo responder las preguntas por escrito.

Desde el lado parlamentario se estimó que tras el interrogatorio de la fiscal Luz Taquire, que según indican recibió respuestas escuetas del mandatario unas veces con un “no me acuerdo”, “no me consta”, “lo desconozco”, se descartó por ello aceptar respuestas escritas.

Lo cierto es que luego de tres invitaciones de parte de la Comisión de Fiscalización, este lunes debe hacerse realidad la colaboración de Castillo, como él mismo lo confirmó en Arequipa, tras clausurar el Consejo de Ministros Descentralizado.

Además, también lo ratificó el secretario general de la presidencia en una carta dirigida a Ventura: “En aras de la colaboración recíproca que debe existir entre los poderes del Estado y el principio de transparencia, el señor presidente manifiesta su total disposición de recibir a la comisión que Ud. preside”.

Ventura, quien estima que el interrogatorio para tratar temas de presuntos actos de corrupción (ver recuadro) duraría 3 horas, ha hilado muy fino para lograr sentar a Castillo ante la comisión que preside.

Es cierto que prácticamente ha adelantado opinión por la responsabilidad del mandatario, como sostiene el Bloque Magisterial: “El presidente de la comisión calificó de ‘cabecilla’ al mandatario y afirmó que cuentan con ‘abundantes elementos probatorios’. Si ya se tiene una sentencia de facto, ¿qué cambiaría si acudiera el mandatario?”.

Pero la comisión del Parlamento también ha sabido ceder, por ejemplo al decidir ir a Palacio a recoger la versión del presidente en vez de insistir en recibirlo en la av. Abancay o al aceptar dar a Castillo toda la información para su defensa.

Pese a eso, el abogado presidencial, Benji Espinoza, ha cuestionado a la referida comisión por pasarlo a la condición de investigado y porque, según asegura, “querían circo, querían show, querían tener al presidente en el Congreso para escarnecerlo y exponerlo”.

Puede ser cierto. Lo importante es que toda acusación de corrupción, todo atisbo de ella, debe responderse sin demora. Y con toda la claridad posible.

Congresistas plantearán estos temas al presidente:

• Que aclare las razones que justificaron su presencia y la de diversos familiares y exfuncionarios en el Pasaje Sarratea n.° 179, en el distrito de Breña.
• Que aclare los detalles de su vinculación con las irregularidades acontecidas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que involucran al exministro Silva y a seis congresistas, que derivó en la buena pro al Consorcio Puente Tarata III.
• Que aclare las presuntas injerencias realizadas en los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
• Que aclare las acciones tomadas tras el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina de Pacheco, en Palacio.
• Que aclare la presunta participación de sobrinos y amigos en delitos contra la administración pública, que investiga la Fiscalía de la Nación.

Comisión de Fiscalización