Fiscal preguntó a Pedro Castillo si lideraba una organización criminal
Interrogado. Abogado del jefe del Estado, Benji Espinoza, afirmó que el mandatario cuestionó las preguntas porque se basaban en las declaraciones de Karelim López y Zamir Villaverde, cuyas acusaciones no han sido corroboradas. Sin embargo, decidió responderlas de todas maneras para contribuir con las investigaciones.
Una de las 61 preguntas que la fiscal Luz Taquire Reynoso formuló por escrito al mandatario Pedro Castillo, y que más incomodó y mortificó a este, fue si lideraba una organización criminal desde Palacio de Gobierno.
La interrogante correspondía a una de las imputaciones que hizo la colaboradora eficaz Karelim López en una de sus declaraciones ante la fiscal Luz Taquire.
Las respuestas del presidente Castillo al pliego de preguntas de la fiscal serán remitidas al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien evalúa disponer abrir investigación al jefe de Estado por el presunto delito de lavado de activos.
El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, confirmó a La República que una de las preguntas de la fiscal Luz Taquire fue si dirigía una organización criminal.
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“La defensa lo niega totalmente. No existe una organización criminal donde el presidente Pedro Castillo es el líder. Eso es falso, es una etiqueta que no tiene sustento o pruebas que lo acrediten. Solo es puro señalamiento que no tiene respaldo”, arguyó el abogado Espinoza.
Karelim López manifestó ante la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, que la presunta organización criminal de Palacio de Gobierno estaba integrada, además del presidente Castillo, por el exministro Juan Silva Villegas, por el empresario Zamir Villaverde García y por los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Villaverde y los sobrinos de Pedro Castillo ofrecían a empresarios constructores obras públicas de millonarios presupuestos. Los proyectos pertenecían a Provías Descentralizado, organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva cambiaban y designaban a funcionarios dispuestos a entregar las obras públicas a las constructoras que aceptaron pagos ilegales.
Todo se hacía con anuencia del jefe del Estado, según el informe del caso que la fiscal Luz Taquire elevó al fiscal superior coordinador Rafael Vela, y este al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Sin salida. Extitular del MTC Juan Silva debe responder por contratos con peruanos y chinos. Foto: Antonio Melgarejo/La República
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El exministro Juan Silva respondía a su inmediato superior, que no era otro que el jefe de Estado.
Las 61 preguntas estaban referidas a estos hechos, de acuerdo con fuentes de la fiscalía, y que ha confirmado el abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza.
Pero también había interrogantes derivadas de declaraciones de Zamir Villaverde.
“El presidente Pedro Castillo respondió el pliego de las 61 preguntas que envió la fiscal Luz Taquire. Y ha contestado todas, incluyendo las preguntas que hizo la defensa de Zamir Villaverde. Estas eran preguntas capciosas y mal intencionadas”, señaló el letrado Espinoza.
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De acuerdo con la versión de la defensa del mandatario Pedro Castillo, ni Karelim López, ni Zamir Villaverde, han entregado evidencia que respalde sus acusaciones.
“No existe ninguna participación del Pedro Castillo en algún acto de cohecho o en un evento de soborno. No existe ninguna prueba concreta, tangible, respecto a alguna intervención criminal por parte del mandatario”, respondió Benji Espinoza.
Sin embargo, durante la gestión del exministro Juan Silva, 3 empresas chinas y 2 peruanas, en un lapso de solo 4 meses, obtuvieron 7 contratos de Provías Descentralizado por 804,5 millones de soles.
De hecho, el fiscal de la Nación acotó que los congresistas investigados, conocidos como Los Niños, recurrieron al presidente Castillo y al exministro Silva para conseguir licitaciones.
“(Los congresistas de Acción Popular), aprovechando el cargo que ostentan, se habrían comprometido con terceros, y, por lo tanto, habrían intercedido sobre el presidente de la república y el exministro Juan Silva para favorecer en la adjudicación de obras públicas a empresas de origen chino”.
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Se trataría de las compañías constructoras China Civil Engineering Construction Corporation, China Railway N° 10 Engineering Group y China Railway Tunnel Group Corporation.
Sin embargo, la fiscal Luz Taquire también investiga la contratación de un consorcio integrado por la constructora Termirex, de los hermanos Pasapera Adrianzén, a quienes estuvo vinculada la colaboradora eficaz. Se ha determinado que Termirex consiguió un contrato de 232,5 millones de soles de Provías Descentralizado, mediante una licitación “armada” y con la participación de funcionarios designados a dedo para que le dieran la buena pro a la compañía que promovía Karelim Lopez.
Por lo tanto, la colaboradora eficaz conocía desde adentro cómo se organizaban los conspiradores para digitar los millonarios contratos de obras públicas.
La fiscal Luz Taquire corroboró varios de los hechos revelados por Karelim López. Incluso basándose en esta información, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso iniciar investigación al exministro Juan Silva, Zamir Villaverde y a 6 congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños.
Empero, para el abogado del presidente Castillo, las acusaciones contra el jefe de Estado no tienen mayor sustento porque se trata únicamente de los dichos de Karelim López.
“Esa es solo la palabra de una persona, y es importante destacar de quién se trata. Es alguien (Karelim López) que está negociando con la fiscalía ser considerada como colaboradora eficaz. Ella (Karelim López) no es colaboradora eficaz. Ella pretende serlo. Para que una persona sea colaboradora eficaz, primero postula y la fiscalía la escucha y le pide pruebas. Luego, durante un periodo la fiscalía tendrá el deber con objetividad y absoluta diligencia de comprobar cada una de las palabras que delata esta persona. Y una vez que se confirme recién se celebra un acuerdo, el cual es sometido ante un juez y ante un control de legalidad en una audiencia reservada. Y nada de eso ha sucedido”, argumentó Espinoza.
Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR
“Hasta el momento tengo conocimiento de que la fiscalía aún no ha comprobado los dichos de la señora Karelim López, como la existencia de una organización criminal. La organización criminal tiene determinados elementos. Eso no se ha establecido. Solo son dichos y no hechos. Los dichos se convierten en hechos en la medida que se hallan corroborados y confirmados. En el caso de la situación del presidente Castillo no hay esa acreditación”, arguyó Benji Espinoza.
Entre otras preguntas formuladas por la fiscal Luz Taquire, están las relacionadas con los encuentros que sostuvo el jefe del Estado con los congresistas que eran conocidos en Palacio de Gobierno como Los Niños. Estos a su vez estaban relacionados con la constructora Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), que solía consorciarse con las constructoras chinas.
“De la información recabada se puede advertir presuntas reuniones con el presidente Pedro Castillo. (...) El aspirante a colaborador eficaz habría señalado que los citados congresistas tendrían conexión con el verdadero dueño de la empresa INIP (...), que ha ganado licitaciones con empresas chinas”, señaló el fiscal Sánchez.
Preguntado si estaba al tanto del anuncio de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, resolvería disponer investigar al presidente Castillo por presunto lavado de activos, el abogado Benji afirmó que primero estaba interesado en los argumentos de Sánchez. Porque considera que constitucionalmente no es factible hacerlo mientras el jefe de Estado se encuentre cumpliendo sus funciones.
Primera dama también será investigada por una fiscalía
La primera dama permaneció poco menos de una hora en la fiscalía y evitó a la prensa. Foto: Composición por Fabrizio Oviedo/ La República.
Por negarse a contestar las preguntas de la fiscal Luz Taquire, durante un proceso de corroboración de las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, la primera dama Lilia Paredes será investigada por presunta obstrucción de la justicia.
El caso estará a cargo del Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, el que determinará si Paredes está en su derecho de acogerse al silencio para no comprometer a su esposo, el mandatario Pedro Castillo.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatió la acusación por presunta traición a la patria contra el presidente Castillo.
Por haber deslizado en una entrevista la posibilidad de otorgar salida al mar a Bolivia, se inició este proceso en el Congreso por parte de grupos políticos que fracasaron en su intento de vacar al presidente.
El dato
Coincidencias. Grabaciones que hizo Zamir Villaverde de sus conversaciones con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco confirman algunas de las imputaciones de Karelim López.
Comprobado. En los diálogos difundidos por el canal Willax se confirma el acceso que Villaverde tenía al presidente Castillo y que, además, interfería en la designación de funcionarios en función de sus propios intereses.
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Reacciones
Omar Cairo, constitucionalista
“El fiscal de la Nación puede investigar al presidente, en todos los estratos del caso, y según sus facultades, al terminar el proceso puede suspender la acusación, hasta que termine el mandato del jefe del Estado”.
Julio Arbizu, exprocurador
“El fiscal de la Nación sí puede abrir investigación formalmente. Lo que no puede hacer es generar una investigación preparatoria. Es decir, no puede pasar a un estadio procesal. Por eso la fiscal anterior decidió la reserva del caso”.
Infografía - La República
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024