Kenji Fujimori, en manos de la Corte Suprema de Justicia
Mamanivideos. El 9 de enero del 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidirá si los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez van a prisión o quedan en libertad. “Hicimos un sacrificio por la democracia y la gobernabilidad”, afirmó Bocángel.
Alegatos jurídicos y políticos. En el banquillo de los acusados aparecieron los excongresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel Weydert, Bienvenido Ramírez Tandazo y el asesor Alexei Toledo.
Pero también estuvieron presentes figurativamente Keiko Fujimori, Fuerza Popular y el Congreso de la República, pues, aunque sus actos no son parte de la acusación, estarán en el trasfondo del veredicto final.
El juicio de apelación busca confirmar o revocar una condena por tráfico de influencias que los tres excongresistas habrían cometido en marzo del 2018 al negociar el sentido de los votos del fallecido Moisés Mamani y otros para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual lograron que se otorgue indultó al exdictador Alberto Fujimori.
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Hermana. Keiko Fujimori no fue mencionada en audiencia, pero sus actos llevaron a este juicio. Foto: difusión
Los hechos jurídicos
Hace poco más de un año, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez a cuatro años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargo público por 18 meses y el pago de una reparación civil. Alexei Toledo recibió una pena de tres años suspendida por reglas de conducta.
Esto supone que el juicio de apelación debería limitarse a establecer si hubo tráfico de influencias, sin entrar a analizar el juego político que desarrolló Keiko Fujimori para mantener el liderazgo de Fuerza Popular y el control del Congreso.
Un juego que originó que Alberto Fujimori regrese a prisión y que su hermano ahora esté en riesgo de perder la libertad. Recién el 6 de diciembre último, el dictador logró evadir la justicia, pero esto ya no pone en riesgo el liderazgo de su hija.
En tanto que, si bien la libertad de Alberto Fujimori es producto del indulto que negoció Kenji, su ejecución solo es posible por el férreo control que Keiko Fujimori ejerce en el Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo y otras instancias del Estado y en el Congreso a través de la representación parlamentaria de Fuerza Popular.
Alberto Fujimori le debe su libertad a la hija. Kenji podría convertirse en un daño colateral o en una nueva oportunidad para demostrar su poder.
Padre. Alberto Fujimori recién pudo salir en libertad en virtud del indulto que se negoció en 2018. Foto: difusión
Debate político
Sin embargo, los abogados lograron meter en la discusión y debate el tema político. Lo hicieron a través de una sentencia de acción de amparo que consiguió Guillermo Bocángel en abril pasado.
Esta sentencia, dictada por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, declaró la nulidad total de la votación efectuada por el Pleno del Congreso de la República el 7 de junio de 2018 y la nulidad de la resolución legislativa que aprobó la acusación constitucional y el inicio del proceso penal por tráfico de influencias.
El argumento central de dicha sentencia indica que la votación del Congreso es nula porque se permitió la participación de ocho congresistas que formaban parte de la Comisión Permanente. Algo que está prohibido por el reglamento del Congreso.
Dicho reglamento prescribe que los miembros de la Comisión Permanente, que aprueba y presenta la acusación constitucional, ya no intervienen en el pleno. Para salvar este inconveniente legal, en junio de 2018, el Congreso aprobó una excepción a la regla y estableció que los parlamentarios que no ejercieron su voto ante la Comisión lo podían hacer en el pleno.
Fiscal. César Zanabria pidió aumentar la pena de cárcel. Foto: difusión
El juez constitucional consideró que la excepción no puede cambiar el texto expreso del reglamento del Parlamento y, en consecuencia, se habían afectado los derechos de Bocángel y, por analogía, de los otros dos parlamentarios incluidos en la misma resolución.
En octubre, previó al inicio del juicio de apelación, la Corte Suprema admitió que esta sentencia sea incluida en el debate jurídico, como prueba nueva producida con posterioridad a la sentencia de primera instancia.
Al exponer los alcances de dicha sentencia, Guillermo Bocángel indicó que su accionar tuvo como objetivo salvar la democracia y la gobernabilidad del país, en tanto que su abogado, Miguel Pérez, enfatizó que el grupo denominado ‘Los Avengers’ era de disidentes de Fuerza Popular, una bancada que aplastaba y humillaba a todos los que pensaban distinto.
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El juicio de apelación
La audiencia de apelación comenzó pasadas las 9:00 de la mañana con la presentación de los procesados y sus respectivos abogados. La defensa de Kenji Fujimori, a cargo de la abogada Susana Velásquez Zavala; por Guillermo Bocángel, Miguel Pérez Arroyo; y por Bienvenido Ramírez, María Adriana Guzmán.
En tanto, por el Ministerio Público, el fiscal César Zanabria; y por la Procuraduría, el abogado Milton Vilchez Grández.
Los cuatro acusados decidieron guardar silencio, pues había la posibilidad de que se sometieran a un interrogatorio por parte de los jueces para esclarecer los hechos.
El fiscal César Zanabria solicitó confirmar la sentencia y aumentar la pena hasta seis años de prisión, pues había quedado plenamente demostrado que hubo un tráfico de influencias.
Subrayó que de un lado había la intención del Gobierno de Kuczynski de evitar la vacancia y, por otro lado, la intención de Kenji Fujimori de obtener el indulto de su padre, para lo que se desarrollaron diversos actos para condicionar los votos de los parlamentarios.
Zanabria indicó que los mamaniaudios dejan en evidencia que a cambio de votar contra la vacancia se ofrece interceder para que el Ministerio de Economía y Finanzas dé la viabilidad a diversos proyectos de obras públicas.
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Sala. César San Martín dirigió el debate en el juicio.Foto: difusión
Obras que los congresistas podrían negociar y obtener beneficios económicos con ellas. Además, se les ofrecía el control del Congreso y otras instituciones del Estado en las que podrían beneficiarse de puestos de trabajo.
El fiscal enfatizó que los peritajes concluyeron que los audios no habían sufrido ninguna manipulación o adulteración que pusiera en duda su verosimilitud.
Para la Fiscalía también se debería condenar a los mencionados congresistas por el delito de cohecho, pues habían admitido que se habían beneficiado de haber votado en contra de la vacancia presidencial, en la primera oportunidad en que se había presentado.
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De allí que para la Fiscalía deben incrementarse los años de prisión.
Por su parte, el procurador Milton Vilchez agregó que la acción de amparo no tiene relación con el proceso judicial, por lo que no se debe tomar en cuenta la sentencia del Juzgado Constitucional.
Defensa
Los abogados de Fujimori, Bocángel, Ramírez y Toledo coincidieron en sus alegatos en resaltar los presuntos errores en la votación de la acusación constitucional, poner en duda la verosimilitud de los audios y cuestionar la existencia del tráfico de influencias.
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Sobre los audios, señalaron que el entonces presidente del Congreso y el procurador, ambos pertenecientes a Fuerza Popular, presentaron la denuncia ante la fiscal de la Nación sin mostrar la fuente original de los mismos.
Luego, supuestamente al darse cuenta de que esas pruebas no tenían valor, recurrieron a dar trámite célere a la denuncia constitucional presentada por la congresista Jeny Vilcatoma, con el error reconocido en la sentencia de agravio constitucional.
Sobre el tráfico de influencias, Pérez Arroyo enfatizó que no se ha podido probar ante qué funcionario público se iba a influir para que apruebe la viabilidad de los proyectos de obras públicas.
Anotó que, de acuerdo con la jurisprudencia, para que exista el tráfico de influencias, el funcionario sobre el que se pretende influir debe estar plenamente identificado, al igual que la obras o el proyecto que se quiere favorecer.
En tanto, María Adriana Guzmán enfatizó que el delito de cohecho fue descartado por el tribunal de primera instancia porque no se identificaron los proyectos que supuestamente se estaban negociando.
Luego de escuchar a todas las partes, el tribunal supremo dio por concluido el debate y al cerrar la audiencia anunció que resolverá en enero.
El 9 de enero, la Corte Suprema dará su veredicto
El presidente de la Sala Penal Permanente, César San Martín, anunció que el martes 9 de enero de 2024, a partir de las 9:00 de la mañana, se leerá la sentencia final en el caso de los mamanivideos.
El veredicto de la Corte Suprema será definitivo y en última instancia. Si se confirma la condena de pena de cárcel, el tribunal procederá a remitir los oficios a la Policía para la ubicación, búsqueda, captura e ingreso a prisión de los condenados.
Luego de la Corte Suprema no hay otra instancia ante la que apelar. Aunque es probable que los procesados cuestionen el fallo en la vía constitucional, como lo ha hecho Alberto Fujimori.
En caso de darse la absolución, se archivan todos los antecedentes generados por este caso.