Kenji Fujimori, entre la libertad y la impunidad o la prisión por sus delitos
Decisiones. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa si anula, confirma o aumenta la pena de prisión efectiva impuesta al hijo de Alberto Fujimori por el caso de los mamanivideos.
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Con Alberto Fujimori ya en casa, gracias al indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará este viernes 22 de diciembre, en una audiencia pública, si su hijo Kenji Fujimori debe ir a prisión por negociar sus votos en el Congreso a cambio de ese beneficio carcelario.
El 15 de diciembre del 2022, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a los excongresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel Weydert y Bienvenido Ramírez Tandazo por el delito de tráfico de influencias reales agravado y cumplir una pena de cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad con carácter efectivo.
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Pena efectiva
Sin embargo, de acuerdo con la normatividad legal, el cumplimiento de la condena se suspendió hasta que el veredicto sea revisado por la instancia superior, en este caso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
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El momento de la revisión ha llegado. Según la práctica judicial, no se debe esperar que se emita una decisión judicial el mismo día. Los jueces podrían notificar su resolución en los siguientes días o semanas.
Las alternativas para el veredicto son anular la condena y disponer un nuevo juicio o absolver a los acusados. La otra posibilidad es confirmar la condena y la pena o confirmar la condena y aumentar o disminuir la pena de prisión.
Jueces. La Sala Penal Permanente está presidida por el juez supremo César San Martín. Foto: La República
La Sala Penal Especial encontró a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez culpables de ofrecer a los congresistas Moisés Mamani Colquehuanca, Modesto Figueroa Minaya y Carlos Humberto Ticlla Rafael interceder ante el Gobierno para obtener una serie de beneficios.
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Estos beneficios pasaban por que se les otorgaran fondos públicos para el financiamiento de proyectos, programas y obras estatales, puestos de trabajo en el Estado, protección judicial y obtención de ganancias ilícitas fruto del cobro de porcentajes por las obras que se les asignarían.
A cambio de ese ofrecimiento, Fujimori y sus colegas pedían que se votara en contra del primer pedido de vacancia del expresidente Kuczynski, del 8 de marzo del 2018. Esa vacancia fue desestimada por mayoría de votos.
En retribución por evitar la vacancia, Pedro Pablo Kuczynski otorgaría el indulto a su padre Alberto Fujimori, lo que ciertamente sucedió y se ha hecho efectivo los primeros días de diciembre, con la intervención del Tribunal Constitucional.
Apelación
Kenji Fujimori y los otros dos condenados apelaron la sentencia. Fujimori alega, en su recurso de apelación, que no se habría cometido delito alguno, pues en las conversaciones con sus colegas, registradas en audio y video, no se menciona el nombre del funcionario público, sea del Ministerio de Economía y Finanzas o de otra institución estatal, ante el que se intercedería para lograr los ofrecimientos realizados por votar contra la vacancia.
También cuestionan la custodia de la prueba, ya que no se habría ubicado el reloj-grabador con que se hicieron los videos y audios, y habría contradicciones en las declaraciones del fallecido Moisés Mamani.
En tanto, la Fiscalía, a través del exfiscal supremo provisional Uriel Terán Dianderas solicitó que la pena se incremente a seis años de prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que el delito está plenamente probado.
En la audiencia, los jueces supremos escucharán las posiciones de la Fiscalía y de los abogados defensores, a fin de tomar la decisión.
Rechazaron nueva prueba
En noviembre último, la Sala Penal Suprema Permanente rechazó los planteamientos de los abogados de Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel para llamar como testigo a Keiko Fujimori.
El tribunal consideró que su testimonio sobre supuestos acuerdos político no tendrá incidencia en los hechos. Además, que ella debió ser presentada como testigo de descargo en la etapa de juicio público.
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Los jueces supremos sí aceptaron evaluar una sentencia de habeas corpus a favor de Guillermo Bocángel contra el Congreso y el antejuicio.
