Sada Goray pagó US$18 millones por lote del Estado y lo vendió en US$54 millones

El abogado Ítalo Arbulú Ortega, hombre clave en la organización de Sada Goray Chong, en declaraciones al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, ha revelado información sobre cómo la empresaria inmobiliaria infiltró a personas de su extrema confianza en el Fondo Mivivienda (FMV) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para que estas entidades adopten decisiones en beneficio de la propietaria de Marka Group.

Según su propia confesión, desde 2012 empezó a trabajar con Sada Goray como especialista en asuntos legales, con tanta eficiencia que esta lo designó como apoderado de Marka Group, además de contratarlo como consultor de varias de sus empresas, como Marka Group Norte, Inmobiliaria Nuevo Chiclayo, Praderas de Cacatachi, Marka Group Sur e Inmobiliaria Nuevo San Bartolo.

Algunas de estas compañías fueron titulares de proyectos de vivienda que recibieron fideicomisos del FMV hasta por S/250 millones, después que Sada Goray pagó sobornos por más de S/4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara y a sus cómplices, entre ellos el exministro del sector Geiner Alvarado y el expresidente Pedro Castillo.

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Palabra por palabra

“La conocí (a Sada Goray) en el año 2012 a raíz de un encargo profesional y desde 2012 a la fecha (soy) consultor legal externo de ella y sus empresas antes mencionadas. Hay un grado de amistad con la señora Sada Goray, conozco a varios de sus familiares. Al señor (Teisuke) Mario Goray (hermano), Violeta Chong (quien es su mamá) y a varios de su entorno familiar”, relató Ítalo Arbulú.

También le preguntaron por Pedro Arroyo Marquina, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta Jovic, expresidente y exdirectores del Fondo Mivivienda, respectivamente, quienes fueron infiltrados en el directorio de esta entidad por Sada Goray, luego de abonarle una coima que le pidió Salatiel Marrufo. Otro infiltrado fue el exesposo de Goray, Luis Mesones Odar, que actuó como “asesor” de la presidencia del FMV.

De los mencionados, el más cercano a Goray era Gonzalo Arrieta. La Fiscalía sabía que Arrieta había trabajado como contador de las empresas de Sada Goray, porque él mismo lo declaró durante un interrogatorio.

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Pero Arrieta no mencionó que laboró en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico (COOPA), que le hizo varios préstamos a Goray para sus proyectos inmobiliarios y la adquisición del predio de Chilca. Fue Ítalo Arbulú quien relacionó a Gonzalo Arrieta con COOPA, al ser preguntado por este por la Fiscalía:

“¿Gonzalo Renato Arrieta Jovic?”, preguntó la Fiscalía a Ítalo Arbulú.

“Sí, lo conozco, probablemente en el año 2019 o 2020 (Arrieta recién fue designado director del FMV en 2022), como un consultor en temas de fideicomiso que trabajaba para Cooperativa Pacífico (COOPA)”, contestó Arbulú.

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Fuentes relacionadas con COOPA negaron que Gonzalo Arrieta laboró para esta entidad. Precisaron que solo ofreció una consultoría.

En todo caso, de acuerdo con Registros Públicos, COOPA otorgó un préstamo de US$4 millones 825.000 por cabeza a Sada Goray, Sebastián Salem, Teisuke Goray y Juan Watanabe, haciendo un total de US$19 millones 300.000.

El crédito fue para que estas personas compraran un terreno de 90 hectáreas en Chilca por US$18 millones 520.000 a Martín Montoya Marcilla, socio de los cuatro mencionados. Luego revendieron el predio en dos partes a Centenario Desarrollo Urbano por US$54 millones, no obstante que se trataba de propiedad del Estado.

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Por este motivo, el fiscal Hugo Minaya abrió investigación por lavado de activos a Sada Goray, su pareja Sebastián Salem, su hermano Teisuke Goray, su primo Juan Watanabe y su socio Martín Montoya, con relación a la compra-venta del predio de Chilca.

A cambio del préstamo, Sada y Teisuke Goray, Sebastián Salem y Juan Watanabe hipotecaron por un valor de US$37 millones 350.000 las 90 hectáreas de Chilca que estaban inscritas a nombre del Estado.

Créditos pagados

En la operación participó el gerente central de negocios de COOPA, Manuel Pazos Iparraguirre. Fuentes de la cooperativa señalaron que la actuación de Pazos estuvo conforme a las normas y que no está involucrado en el caso que sigue el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

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La cooperativa aclaró “que los créditos provienen principalmente de operaciones realizadas en 2019, con anterioridad al periodo en que se cometieron los actos de corrupción que se están investigando y ratificamos que estos se otorgaron con el respaldo correspondiente”.

Es decir, desconocían las actividades ilegales de las personas mencionadas, señaló COOPA y, además, todos los préstamos efectuados a Goray estaban respaldados y fueron cancelados conforme a los contratos.

“La Cooperativa del Pacífico y sus funcionarios no tienen nada que pueda ser cuestionado respecto a Sada Goray o Marka Group. Todas las operaciones realizadas fueron absolutamente legales y fueron concluidas, y no corresponden al periodo que es materia de investigación fiscal. El señor Manuel Pazos no está vinculado con el caso Sada Goray ni como testigo ni como investigado”, señalaron fuentes relacionadas con COOPA.

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Sin embargo, la cooperativa reconoció que luego del préstamo detectó que el terreno de Chilca que le vendieron Sada Goray y sus socios era reclamado por la SBN.

Por este motivo, la empresaria inmobiliaria y los otros tres cambiaron la garantía del predio de Chilca por cuatro terrenos en Tarapoto, San Martín.

“En la actualidad, Sada Angélica Goray Chong no tiene ningún préstamo y tampoco ninguna deuda y ha sido totalmente excluida de la Cooperativa Pacífico mediante un acuerdo de Consejo de Administración de fecha 7 de julio de 2023”, señalaron las fuentes de COOPA.

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En cambio, Centenario fue incluida en la investigación por lavado de activos.

La clave

Interrogatorio fiscal

Fragmentos de la declaración de Ítalo Arbulú Ortega ante la Fiscalía sobre sus vínculos con miembros de la organización de la empresaria Sada Goray Chong.

Negocio a costa del Estado

Sada Goray y sus socios dieron como garantía a COOPA el terreno de Chilca que pertenecía al Estado, como consta en la escritura correspondiente.